El juez Sebastián Casanello prorrogó por diez días la medida a pedido del fiscal Franco Picardi. La causa investiga posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo. El juez federal Sebastián Casanello decidió este miércoles extender por diez días el secreto de sumario, a pedido del fiscal Franco Picardi. Además, aceptó a la organización Poder Ciudadano como parte querellante en el expediente.
La causa se originó a partir de la difusión de audios que involucran al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios de alto perfil de la administración nacional.
🏛️ Poder Ciudadano se suma como querellante
La ONG Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International, se presentó formalmente este lunes ante el Juzgado Federal N.º 11 con un pedido para ser aceptada como querellante. El escrito fue firmado por su presidente, Pablo Secchi, y los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady.
Tras la aceptación del juez Casanello, la entidad podrá acceder a la causa, aportar pruebas y formular su propia acusación, en paralelo con la fiscalía. En su presentación, la organización sostuvo que los hechos investigados afectan el interés colectivo y el normal funcionamiento del Estado, más allá de posibles víctimas individuales.
El juez fundó su decisión en la trayectoria de la organización, que ha participado en otras causas de alto perfil, como el caso de Julio “Chocolate” Rigau.
🔍 Cómo avanza la investigación
Aunque aún no hay imputaciones formales, la investigación avanza con el análisis de los teléfonos secuestrados, documentación incautada en Nordelta y las compras estatales realizadas a la droguería Suizo Argentina, también bajo la lupa judicial.
Justamente, los propietarios de esa firma presentaron esta semana un nuevo escrito para intentar frenar la causa. Argumentaron la existencia de una supuesta «cosa juzgada», aunque no se registran sobreseimientos previos que respalden esa postura.
En paralelo, fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber demorado deliberadamente el ingreso de efectivos de la Policía de la Ciudad al barrio privado, presuntamente para favorecer a los investigados antes del allanamiento.
La causa sigue bajo estricta reserva, mientras la Justicia profundiza en los indicios que salieron a la luz tras la filtración de los audios que comprometen al exdirector de la ANDIS.
