Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, el Ejecutivo confirmó que avanzará con la promulgación de la norma, pero no la reglamentará hasta acordar de dónde saldrán los fondos. El costo fiscal estimado ronda el 0,4% del PBI.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno nacional promulgará la nueva ley de emergencia en discapacidad, pero advirtió que no será reglamentada ni aplicada de inmediato, ya que el Poder Ejecutivo aún no definió el origen del financiamiento necesario para su implementación.
La norma fue ratificada por el Congreso el miércoles pasado, tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei, y contó con el respaldo de una mayoría calificada que incluyó a sectores de la oposición y aliados ocasionales del oficialismo.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Pero todavía debe dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica. Esto tiene muchos aspectos. Hay que definir cómo se financia”, explicó Francos esta mañana, en diálogo con Clarín.
Fuerte impacto fiscal y reclamos cruzados
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación completa de la ley implicaría un incremento en el gasto público de entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo del número final de beneficiarios. En términos absolutos, el refuerzo fiscal oscilaría entre $1,8 y $3,6 billones de pesos.
El Gobierno cuestionó la falta de previsión presupuestaria de la ley. Francos fue directo:
“No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodar las partidas. Eso no es solución, es una mentira. ¿A quién le sacamos, a los jubilados?”, sostuvo.
El artículo 38 de la ley de administración financiera establece que toda ley con impacto fiscal debe incluir la fuente de financiamiento. El Gobierno apelará a esa norma para justificar la demora en la reglamentación.
Qué establece la ley
La ley, impulsada por legisladores de la oposición y respaldada por organizaciones de la sociedad civil, establece una serie de medidas urgentes para asistir al sistema de atención de personas con discapacidad, gravemente afectado por recortes, demoras en pagos y una reducción de beneficiarios tras auditorías polémicas.
Entre los puntos clave se destacan:
- Financiamiento de pensiones no contributivas por discapacidad para quienes tengan CUD, ingresos inferiores a 2 SMVM y no cobren otros planes.
- El beneficio será del 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleo formal si no se supera el tope de ingresos.
- Transformación automática de pensiones ya otorgadas, sin necesidad de nuevos trámites.
- Actualización mensual automática de los aranceles de prestaciones según el IPC (inflación).
- Compensación económica de emergencia a prestadores del sistema.
- Régimen de regularización fiscal y de seguridad social para trabajadores y empresas del área.
- Reforzamiento institucional y presupuestario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Contexto político y social
La ley fue sancionada en un contexto de fuerte presión social y tras la salida del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue apartado del cargo luego de la difusión de audios que revelaban supuestos hechos de corrupción en la asignación de recursos y servicios.
Aunque el Ejecutivo había barajado la posibilidad de judicializar la ley, finalmente se optó por promulgarla, pero condicionar su entrada en vigencia efectiva al resultado de futuras negociaciones con el Congreso y el Ministerio de Economía.
