Tras vetar el reparto automático de fondos, la Casa Rosada busca recomponer el vínculo con las provincias con un incremento real en los Aportes del Tesoro Nacional. El desafío por la gobernabilidad y la incógnita de las obras públicas.
En medio de una relación tirante con los gobernadores y tras el reciente veto a la ley que establecía un reparto automático de fondos provinciales, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el Presupuesto 2026, que contempla un aumento del 104,7% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) respecto al ejercicio actual.
Según datos oficiales, el proyecto prevé destinar $569.426 millones al programa de ATN, frente a los $278.232 millones establecidos para 2025. El anuncio llega en un contexto de búsqueda de alianzas por parte del Ejecutivo, que necesita respaldo político para avanzar con sus reformas económicas de segunda generación.
“Si en las elecciones te va muy bien, tenés que asegurarte a los aliados. Si te va muy mal, al menos tenés que disponer de gobernabilidad”, explicó un operador libertario cercano al Presidente.
Tensión con las provincias
El vínculo entre la Nación y los gobiernos subnacionales sufrió un fuerte deterioro desde el inicio de la gestión libertaria. La paralización de obras públicas, el recorte en transferencias discrecionales y la dosificación de los ATN generaron malestar en la mayoría de las 24 jurisdicciones. La reciente decisión del Ejecutivo de vetar la ley que imponía un reparto automático de los ATN —aprobada con amplio consenso en el Congreso— profundizó la desconfianza.
Desde el oficialismo argumentan que esa normativa “le quitaba al Poder Ejecutivo la facultad de responder con agilidad a emergencias provinciales” y que “carecía de sustento legal sólido”, al no haber sido consensuada con todas las provincias como exige el régimen actual.
Promesas incumplidas y estrategia selectiva
En junio, el Gobierno otorgó 18 ayudas financieras por un total de $84.000 millones, mientras que aún quedan más de $194.000 millones sin asignar del fondo de ATN. A pesar del nuevo gesto presupuestario, varios gobernadores acusan a la Casa Rosada de incumplir compromisos en materia de obras públicas y transferencias.
La tensión también se refleja en el quiebre del Pacto de Mayo: de los 19 mandatarios que lo firmaron en 2024, solo una minoría mantiene una relación fluida con la Nación. El resto tomó distancia por la subejecución presupuestaria y la falta de avances concretos.
En este contexto, el Ejecutivo comenzó a enviar señales a los aliados potenciales: el pasado viernes transfirió $12.500 millones a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco, luego de la asunción de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. Catalán aseguró que buscará “corregir el vínculo” con las provincias y promover una “relación más fluida”.
Obras públicas y gasto en baja
Pese al aumento de los ATN, el Presupuesto 2026 proyecta una caída del 25,2% en gastos de capital (infraestructura y mejoras) hacia provincias y municipios. En contraste, los gastos corrientes crecerían un 25,1%.
En cuanto a obra pública, los fondos para la Dirección Nacional de Vialidad alcanzarán los $659.878 millones, aunque con una leve caída en términos reales respecto a este año. De ese monto, $283.555 millones estarán destinados al mantenimiento de rutas nacionales y $238.623 millones a nuevas obras viales.
El Gobierno se propone ejecutar:
- 600 km de autopistas en construcción,
- 143 km en nuevas obras de pavimentación,
- 130 km en repavimentaciones.
Sin embargo, desde varias provincias insisten en que los anuncios no garantizan ejecución efectiva. El mensaje que acompañó el proyecto admite que muchas obras seguirán sin financiamiento pleno y que la prioridad seguirá siendo el superávit fiscal.
Desafíos legislativos
Con este presupuesto, el Ejecutivo también busca ganar margen político para avanzar en reformas pendientes durante 2026. Para lograrlo, necesita garantizar un clima de gobernabilidad que hoy luce frágil. Las transferencias discrecionales como los ATN se vuelven así una herramienta clave de negociación, aunque generan recelos entre los gobernadores que piden reglas más transparentes y previsibles.
