La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición del empresario Fred Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red narco, lavar dinero y cometer fraude electrónico. El fallo, firmado por los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, dejó firme el proceso, y ahora será el Gobierno nacional quien defina si efectivamente se concreta su entrega a las autoridades estadounidenses.
Machado, conocido por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en la Argentina. Estados Unidos lo quiere juzgar por al menos cinco cargos federales, entre ellos el tráfico de más de cinco kilos de cocaína y el uso del sistema financiero para encubrir ganancias ilegales.
La Corte desestimó todas las objeciones presentadas por la defensa, que cuestionaban desde la imparcialidad del juez hasta la falta de garantías procesales. También rechazó el argumento de que los delitos imputados no tenían correlato en el Código Penal argentino, un punto clave en los casos de extradición.
En paralelo, el expediente dejó en evidencia los vínculos políticos y económicos del empresario. Según consta en la causa, Espert habría recibido USD 200.000 en concepto de asesorías por un proyecto minero, y habría realizado unos 30 vuelos en jets privados financiados por Machado durante su campaña, por un valor estimado de USD 350.000. Tras revelarse estos datos, el diputado liberal renunció a su candidatura por La Libertad Avanza.
Ahora, el Gobierno tiene un plazo de diez días hábiles para definir si efectivamente entrega a Machado. Según la ley, puede rechazar la extradición solo por razones excepcionales: soberanía, seguridad o interés nacional.
El caso Machado, que empezó como una causa de narcotráfico internacional, terminó salpicando a la política argentina y pone al Ejecutivo en el centro de una decisión sensible.
