Organizaciones civiles y periodistas expusieron ante el organismo un crecimiento de ataques, hostigamiento y obstáculos al trabajo periodístico. El Gobierno negó un deterioro estructural y defendió la vigencia de los derechos humanos.
La discusión sobre la libertad de expresión en Argentina escaló tras la audiencia temática que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en la Universidad de Miami. Durante más de dos horas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y reporteros gráficos describieron lo que consideran un aumento sostenido de agresiones, hostigamiento y limitaciones al ejercicio periodístico desde la asunción de Javier Milei. El Estado argentino rechazó esa caracterización, aseguró que los derechos están garantizados y atribuyó los hechos denunciados a “situaciones aisladas”.
La audiencia fue solicitada de manera conjunta por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con Amnistía Internacional, sindicatos del sector y referentes del periodismo como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta. El objetivo: actualizar el diagnóstico sobre el clima para la prensa, ya cuestionado en informes recientes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Denuncias: agresiones, hostigamiento estatal y judicialización
Paula Moreno, presidenta de FOPEA, habló de un “deterioro veloz y pronunciado” y enumeró tres tendencias principales: el incremento de agresiones —incluyendo hostigamiento digital y ataques desde autoridades—, el uso de acciones judiciales que desalientan la investigación periodística, y la violencia física contra reporteros en manifestaciones. De acuerdo con el monitoreo del organismo, en 2024 se registraron 179 ataques (53% más que en 2023 y 103% más que en 2022). En lo que va de 2025, ya ascienden a 257, superando el récord histórico de 2013.
Julia Mengolini denunció un “ensañamiento particular” del aparato estatal y campañas de odio amplificadas desde las redes oficiales: “El Presidente usa el poder del Estado para perseguir y silenciar”, afirmó. Hugo Alconada Mon relató intentos de hackeo y amenazas luego de revelar un plan de espionaje de la ex SIDE: “Se busca intimidar y desalentar investigaciones sensibles”.
Para Poder Ciudadano, representado por el abogado Hugo Wortman Jofré, el uso de la justicia con fines intimidatorios y las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública agravan el panorama. “Crea un ambiente de miedo y obliga a repensar cada investigación”, dijo.
Otras organizaciones como SiPreBA, FATPREN y ARGRA expusieron sobre “la normalización” del uso de gas y balas de goma contra la prensa en protestas, mencionando las heridas graves sufridas por el reportero gráfico Pablo Grillo. Tomás Cuesta, de ARGRA, afirmó: “La granada que abrió su cabeza fue un mensaje para todos”.
La postura del Gobierno: rechazo a las denuncias y defensa institucional
En representación del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, negó la existencia de un deterioro estructural de la libertad de expresión. Sostuvo que no se han tomado “medidas regresivas”, que los hechos denunciados son “aislados” y que la actividad periodística “está protegida”. Cuestionó, además, que varias intervenciones excedieran el alcance de la audiencia y advirtió que la CIDH no debe convertirse en un ámbito para debatir “desacuerdos políticos”.
Baños defendió las conferencias de prensa, el acceso a la información pública y el cumplimiento de estándares de uso de la fuerza. También pidió evitar que la audiencia se convierta en un “juicio contradictorio” al Estado argentino.
Advertencias de la CIDH y posibilidad de una visita al país
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, rechazó que los casos puedan considerarse situaciones aisladas. Habló de “un contexto de amenazas y criminalización” que amerita especial atención. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que los discursos oficiales tienen un peso particular: “La voz de una autoridad no es una voz cualquiera”.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, destacó los aportes históricos de Argentina al sistema interamericano y expresó el interés del organismo en realizar una visita in loco para evaluar la situación: “Estamos interesados en hacer una visita”, aseguró.
Solicitudes de la sociedad civil y próximos pasos
Las organizaciones pidieron que la CIDH realice una misión oficial junto a la Relatoría Especial, elabore un informe exhaustivo sobre el país, apoye la derogación del Decreto 780/2024 —que, sostienen, restringe el acceso a la información pública— y cree un Observatorio Permanente de Libertad de Expresión. También reclamaron un protocolo que garantice litigios sin costos económicos en casos vinculados al acceso a la información.
La CIDH dejó abierta la posibilidad de avanzar con una visita formal, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y entidades que alertan sobre un deterioro progresivo de la libertad de expresión en la Argentina.
