El gobierno de Javier Milei reclamó en la Corte Penal Internacional (CPI) que se aceleren las medidas vinculadas a la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y pidió la ejecución de órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados por la administración argentina como principales responsables de violaciones a los derechos humanos.
El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, se realizó durante la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que los Estados miembros analizan el avance de sus investigaciones y la cooperación internacional.
La posición argentina en La Haya
En su intervención, Sadofschi aseguró que la situación venezolana “se ha deteriorado aún más” tras las elecciones de julio de 2024 —cuestionadas por parte de la comunidad internacional— y sostuvo que desde la conclusión del examen preliminar de la CPI sobre Venezuela, en noviembre de 2021, “ha habido pocos avances”.
El embajador afirmó que detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros presuntos crímenes contra la población civil requieren una acción más decidida del tribunal:
“La situación exige una atención inmediata, incluyendo medidas concretas como órdenes de arresto contra los principales responsables”.
Sadofschi aclaró que la decisión argentina de mantener el consenso de la asamblea en torno a la declaración general no debe interpretarse como una concesión al gobierno venezolano, sino como un gesto de compromiso con la CPI. Sin embargo, enfatizó que Argentina se disoció formalmente del documento y pidió que ello constara en actas.
Cruce con el representante venezolano
La intervención generó la respuesta del delegado venezolano en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó a la Argentina de “politizar la conferencia” y cuestionó su postura en materia de derechos humanos.
Sadofschi replicó de inmediato y rechazó “en todos sus términos” las declaraciones del representante venezolano. “Argentina no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”, afirmó, reiterando el llamado a que la CPI avance sin dilaciones en la investigación.
Órdenes de arresto y cooperación internacional
La delegación argentina insistió en que la comunidad internacional debe acelerar los mecanismos de ejecución de órdenes de arresto vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Para Buenos Aires, el caso Venezuela constituye un ejemplo de la necesidad de fortalecer la acción del tribunal frente a situaciones donde –según su postura– existe un riesgo grave para la población civil.
El gobierno argentino pidió que su mensaje de disociación y su solicitud de medidas urgentes quedaran registrados en las actas de la asamblea, remarcando que no avalará ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.
Un contexto regional más tenso
El reclamo argentino se produce en un clima de creciente tensión internacional en torno a Venezuela, con fuertes cuestionamientos de varios gobiernos —entre ellos, el de Estados Unidos— por la situación política y humanitaria del país.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Fuera del discurso formal ante la CPI, el vínculo bilateral entre Buenos Aires y Caracas está atravesado por la preocupación por Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional detenido en Venezuela.
Gallo fue arrestado bajo acusaciones que Argentina considera infundadas y permanece privado de su libertad en condiciones poco claras.
Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos reclaman su inmediata liberación y solicitan que la comunidad internacional incremente la presión diplomática para garantizar su integridad física y su retorno al país.
