La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional volvió a escalar tras las recientes observaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ). Sin embargo, su titular, Daniel Vitolo, aclaró que el Poder Ejecutivo no evalúa una intervención sobre el organismo rector del fútbol argentino.
“Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, sostuvo Vitolo en diálogo con Radio Rivadavia. “La IGJ no está decidida, ni considerando recomendar una intervención, y tampoco lo evalúa el ministro de Justicia”, agregó, en un intento por calmar las especulaciones.
Irregularidades y trámites sin completar
Aunque descartó un avance directo sobre la entidad, Vitolo confirmó que la AFA mantiene pendientes legales y administrativos que la mantienen bajo la órbita de la IGJ. Entre ellos, destacó que la institución aún no cumplió con los pasos para formalizar el anunciado traslado de su sede a la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, aunque una asamblea aprobó la mudanza, la decisión carece de validez hasta que no se reforme el estatuto, se presente ante la IGJ y se notifique a la ciudad de origen una vez finalizado el trámite.
“La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, señaló.
A esto se suma que la entidad no presentó el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea que anticipó un año la renovación de autoridades —por un período de cinco años— fue impugnada por la IGJ y se encuentra actualmente judicializada ante la Corte Suprema.
Balances, inconsistencias y deudas informativas
Otro punto crítico es la falta de respuesta a los requerimientos vinculados a los estados contables, que presentan inconsistencias desde 2017.
“Han colocado en partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, indicó Vitolo, quien subrayó que la AFA no aclaró el destino de fondos señalados por la IGJ.
Entre los montos cuestionados aparecen:
- USD 18 millones en gastos de administración y gestión
- USD 3,5 millones en pagos al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica
- USD 44 millones en gastos de selecciones nacionales
- USD 12,5 millones en aportes y subsidios a FIFA y Conmebol
En total, la entidad debe explicar USD 111 millones antes de que puedan aprobarse los balances. “No estamos diciendo que los fondos estén mal utilizados, sino que necesitamos conocer su composición”, aclaró.
Vitolo también advirtió que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y declaró públicamente estar bajo fiscalización provincial, algo que —según marcó— “legalmente no es posible”.
Tres posibles escenarios de intervención
Si bien el Gobierno descarta este camino, Vitolo detalló los tres mecanismos legales que podrían habilitar una intervención en distintos contextos:
- Administrativo (IGJ): si hubiera una violación grave de la ley o el estatuto. La IGJ podría recomendar la intervención al Ministerio de Justicia (actualmente no contemplado).
- Penal: un juez puede tomar control para preservar bienes o pruebas en investigaciones, por ejemplo, de lavado de dinero.
- Civil: un club afiliado podría solicitar la intervención ante la Justicia Civil de Capital Federal si considera que la institución corre riesgo por el accionar de sus administradores.
Estas intervenciones pueden ir desde la designación de un simple veedor hasta el desplazamiento completo de autoridades.
La situación de la Superliga
La Superliga Profesional, asociación civil vinculada a la AFA y creada en 2017 para gestionar derechos televisivos, enfrenta observaciones similares.
Según Vitolo, la entidad debe justificar USD 348 millones, entre ellos:
- USD 72 millones en rubros de “rendiciones a clubes”, sin especificar qué institución recibió qué monto
“¿Cómo puedo hacer un control si no me dicen quién recibió qué?”, se preguntó el titular de la IGJ.
También advirtió que, al modificar su objeto social para centrarse casi exclusivamente en la comercialización de derechos, la Superliga corre el riesgo de desnaturalizar su carácter de asociación sin fines de lucro, aunque el Código Civil permite ciertos fines secundarios desde 2015.
