Tras el intento fallido en la Ley Bases, el Poder Ejecutivo buscará modificar la normativa vigente y habilitar, en determinados casos, la intervención judicial para autorizar internaciones.
Mientras impulsa reformas en el marco de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional ya diseña su agenda legislativa para 2026, que incluye la decisión de avanzar con modificaciones a la Ley de Salud Mental. Según fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto durante el período de sesiones ordinarias —que comienza el 1° de marzo— con el objetivo de introducir cambios en aspectos centrales de la normativa vigente.
La iniciativa apunta, en particular, a revisar el régimen de internaciones involuntarias, con la posibilidad de que los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes en situaciones específicas. Desde el Gobierno aseguran que se trata de un reclamo sostenido por familiares de pacientes, profesionales de la salud y miembros de las fuerzas de seguridad.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, se inspiró en el principio de la antimanicomialización y en la defensa de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, su implementación generó controversias a lo largo de los años, especialmente por la falta de dispositivos adecuados para dar respuesta a situaciones de crisis y por las limitaciones que enfrentan las familias ante episodios agudos.
En ese contexto, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, trabaja en una propuesta que contemple la creación de centros especializados y la habilitación de internaciones bajo supervisión judicial cuando el cuadro clínico lo amerite. La intención oficial es “recuperar herramientas que funcionaban en el sistema anterior”, según admitieron fuentes del Ejecutivo.
No es la primera vez que la administración de Javier Milei intenta introducir estos cambios. Las modificaciones habían sido incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero finalmente quedaron excluidas del texto aprobado tras la negociación parlamentaria.
Entre los puntos que se evalúa retomar figuran: la habilitación de jueces para adoptar medidas de atención urgente; la definición de casos puntuales en los que la internación sea considerada un recurso terapéutico excepcional; la posibilidad de crear establecimientos neuropsiquiátricos; cambios en los criterios de egreso y rehabilitación; y una revisión de la composición del Órgano de Revisión previsto por la ley.
Desde la Casa Rosada reconocen que la iniciativa genera resistencias en sectores vinculados al activismo en salud mental, que interpretan las reformas como un retroceso en materia de derechos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la normativa actual presenta zonas grises que dificultan la intervención temprana del Estado en situaciones de riesgo.
Como ejemplo, en el oficialismo suelen citar casos de alto impacto público que derivaron en consecuencias graves y que, a su entender, evidencian la falta de herramientas legales para actuar de manera preventiva.
Otro factor que influyó en la decisión de insistir con la reforma fue el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso ante el Congreso la necesidad de clarificar criterios y fortalecer el abordaje de los trastornos mentales y las adicciones. En distintas oportunidades, Charpentier cuestionó la falta de recursos y la insuficiencia del presupuesto destinado al área.
Si bien el proyecto aún se encuentra en etapa de redacción, en el Gobierno no descartan que el presidente Milei lo anuncie formalmente durante la Apertura de Sesiones Ordinarias en marzo, con la expectativa de reabrir un debate que promete ser uno de los más sensibles del próximo año legislativo.
