El canciller Gideon Sa’ar aclaró que Navitas Petroleum es una empresa privada sin relación con el Estado israelí, tras la protesta formal presentada por la Casa Rosada por la exploración offshore en una zona en disputa.
El Gobierno de Israel se desmarcó públicamente de la participación de una empresa vinculada a capitales israelíes en un proyecto de explotación petrolera en el Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina y administrada de facto por el Reino Unido. La aclaración se produjo luego de una protesta formal del Gobierno argentino, en línea con la política sostenida históricamente frente a actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
La posición oficial fue expresada por el canciller israelí Gideon Sa’ar, quien difundió un mensaje en la red social X en el que buscó diferenciar de manera explícita la actuación de una compañía privada de la postura del Estado de Israel, al tiempo que ratificó la relación estratégica bilateral con la Argentina.
“Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló Sa’ar. Y aclaró: “Se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna”. Además, expresó: “Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”.
El canciller agregó que Israel espera que la controversia entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva por medios pacíficos y mediante el diálogo, y destacó el carácter “especial, sólido y estrecho” del vínculo con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, relación que —según afirmó— es especialmente valorada por el pueblo israelí.
La declaración se conoció después de que la Cancillería argentina rechazara el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por un consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Para Buenos Aires, se trata de una explotación ilegal e ilegítima, al realizarse sin autorización argentina en una zona marítima en disputa.
Desde el Palacio San Martín recordaron que este tipo de iniciativas contraviene resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En ese marco, el reclamo argentino no se dirigió únicamente contra el Reino Unido, al que responsabiliza por otorgar licencias desde la administración isleña, sino también contra las empresas involucradas y los Estados con los que mantienen vínculos. La participación de Navitas Petroleum —fundada en Israel aunque operativamente radicada en el Reino Unido para este proyecto— motivó que el planteo alcanzara también al Gobierno israelí.
El yacimiento Sea Lion es considerado uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en el entorno de las Malvinas, con inversiones estimadas en más de USD 2.000 millones y una producción proyectada de decenas de miles de barriles diarios. Para la Argentina, sin embargo, la magnitud económica no modifica el eje central del conflicto: la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
Fuentes diplomáticas argentinas interpretaron la aclaración pública de Sa’ar como una señal política relevante que permitió encauzar el episodio sin escalar hacia un conflicto bilateral. La distinción explícita entre la actuación de una empresa privada y la posición del Estado israelí fue valorada como un gesto de respeto hacia el reclamo argentino.
Desde la Cancillería remarcaron que la protesta formal se mantiene vigente y que la Argentina continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y legales disponibles para desalentar este tipo de actividades. También recordaron que Navitas Petroleum ya fue incluida en el pasado en listados oficiales de empresas sancionadas por operar sin autorización en áreas bajo jurisdicción argentina.
El episodio volvió a poner de relieve la centralidad de la cuestión Malvinas en la política exterior argentina y mostró cómo los proyectos energéticos en la región generan repercusiones que trascienden el vínculo bilateral con el Reino Unido e involucran a otros actores del escenario internacional.
