La Secretaría de Inteligencia afirmó que la reestructuración apunta a mejorar la eficiencia, reducir superposiciones y fortalecer los controles institucionales. La oposición cuestionó la medida y anticipó un pedido de informes en el Congreso.
El Gobierno nacional explicó este jueves los alcances de la reestructuración interna de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dispuesta a través del decreto de necesidad y urgencia DNU 941/25. Mediante un comunicado oficial, el organismo sostuvo que la reforma busca “proteger al país frente a las amenazas contemporáneas”, al tiempo que “delimita competencias, reduce la estructura y fortalece los controles estatales”.
Desde la SIDE destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos” y que apuntan a modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional, haciéndolo más eficiente, profesional y transparente.
Qué cambios introduce el decreto
De acuerdo con lo informado, la medida redefine las competencias institucionales y elimina organismos con funciones superpuestas, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Además, limita a la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente a tareas de contrainteligencia.
Fuentes oficiales aclararon a Infobae que el decreto no modifica la actual conducción del organismo. La SIDE continuará bajo la titularidad de Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló gran parte de su carrera dentro del sistema de inteligencia y asumió al frente del organismo tras su paso por el área de Asuntos Internos.
Reacciones políticas y cuestionamientos
Desde sectores de la oposición surgieron críticas a la utilización de un DNU para modificar aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. Legisladores anticiparon que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia impulsará un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
“Sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento y no imponerse por decreto”, sostuvo la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió: “Si este DNU lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos frente a un escándalo institucional”. Y agregó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural y contralor efectivo del Congreso?”.
Pese a las objeciones, al tratarse de un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su vigencia mientras avanza el tratamiento legislativo.
Un nuevo esquema de inteligencia
Desde la Secretaría de Inteligencia señalaron que el nuevo escenario global y el rol que busca ocupar la Argentina en el plano internacional, bajo la conducción del presidente Javier Milei, requieren un sistema de inteligencia “acotado, claro y controlado”.
La reforma establece con precisión las responsabilidades de cada organismo del Estado: la seguridad interna quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional; la inteligencia militar, del Estado Mayor Conjunto; y la protección de infraestructura crítica y sistemas informáticos, bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a la Agencia de Seguridad Nacional, su función quedará circunscripta de manera exclusiva a la contrainteligencia. “Se eliminan estructuras innecesarias y misiones difusas que contribuían al desorden y a la falta de control”, explicaron.
Asimismo, el comunicado subrayó que la contrainteligencia queda definida “de manera clara y taxativa” como la protección del Estado frente a espionaje o injerencias externas, con el objetivo de dejar atrás prácticas del pasado vinculadas al espionaje interno, la persecución política o el seguimiento indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.
Más control y trazabilidad
Finalmente, la reforma introduce un nuevo esquema de intercambio de información entre los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento. Según el Gobierno, este sistema elimina la discrecionalidad, mejora la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios.
“Se trata de un paso decisivo para contar con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, eficiente y plenamente sometido al control democrático”, concluyeron desde la SIDE.
