La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9 solicitó ampliar la investigación por presunto lavado de activos en la causa que analiza el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa mansión en Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fiscal Jorge Dahl Rocha elevó un dictamen al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en el que advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional destinada a desviar y ocultar fondos presuntamente vinculados a la AFA, a través de intermediarios en el exterior y sociedades offshore.
La causa tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, investigados por el origen del dinero con el que se adquirió una quinta en la localidad de Villa Rosa, Pilar, mediante la firma Real Central S.R.L.. Ambos carecerían, según la investigación, de capacidad económica suficiente para justificar la operación y otras adquisiciones, como una flota de autos de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares.
Una red de intermediarios en el exterior
El pedido de ampliación se basa en una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, apoyada en investigaciones periodísticas. De acuerdo con esa presentación, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros fuera del país que canalizó más de 300 millones de dólares por fuera del sistema bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones que habrían llegado hasta el 30%.
Según el dictamen fiscal, la operatoria habría involucrado empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real ni respaldo económico verificable.
Entre las firmas mencionadas figuran Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.
Faroni ya es investigado en otra causa penal a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien lo citó a declaración para el próximo lunes 19 de enero. También fue convocada su pareja, Erika Gillette, quien figura como responsable de la sociedad.
Desvío de fondos y sociedades “pantalla”
La Fiscalía indicó que TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260,5 millones de dólares, aunque, según la denuncia, solo el 5,4% de ese monto habría sido transferido efectivamente a la AFA, pese a que el contrato estipulaba un reparto del 70% para la entidad deportiva.
El resto del dinero habría sido desviado a cuentas en el exterior mediante sociedades consideradas “pantalla”, como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, todas registradas en Florida y presuntamente controladas por personas sin capacidad económica acorde.
El dictamen también menciona pagos por más de 4 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma registrada en Miami sin empleados ni actividad visible, por supuestos servicios de “consultoría intangible”, como cursos de “filosofía de gestión”, de los cuales no existiría evidencia concreta.
Además, se detectaron transferencias a otras sociedades extranjeras y locales —entre ellas Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk— que carecerían de operaciones genuinas, lo que, según el fiscal, refuerza la hipótesis de lavado de activos.
La mansión de Pilar bajo la lupa
En ese contexto, el fiscal volvió a poner el foco en la compra de la mansión de Pilar como una presunta maniobra de blanqueo de fondos provenientes de los hechos ahora bajo investigación. También destacó que Pantano y Conte habrían otorgado poderes amplios de administración a cinco personas ajenas a la sociedad, algunas con vínculos políticos en Santiago del Estero, lo que fue considerado un indicio relevante.
Qué pidió la Fiscalía
Ante los nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó:
- Verificar domicilios y vínculos reales de las personas físicas mencionadas en la ampliación de la denuncia.
- Requerir informes adicionales sobre las sociedades nacionales e internacionales involucradas.
- Evaluar una ampliación de la imputación, en caso de que los hechos denunciados se confirmen.
Dahl Rocha concluyó que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional, cuya magnitud excede la investigación original y justifica profundizar las medidas de prueba.
De comprobarse los hechos, advirtió la Fiscalía, podría tratarse de un trazado de fondos destinado a encubrir su origen, ya sea como ingresos lícitos no declarados de la AFA desviados a fines privados, o como nuevas aplicaciones de dinero de origen ilícito.
