El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una presunta secta investigada por trata de personas en Bariloche. La decisión se adoptó luego de evaluar informes médicos que daban cuenta de un deterioro progresivo de su estado de salud durante su detención en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson. El magistrado consideró que el cuadro clínico requería una modalidad de detención distinta.
La resolución judicial establece condiciones estrictas de cumplimiento, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica, la obligación de permanecer en el domicilio fijado y la prohibición de ausentarse sin autorización judicial. Además, se mantiene la retención del pasaporte, la prohibición de salida del país y todas las medidas de coerción ya vigentes en la causa. El juez dejó en claro que el control será permanente y sujeto a revisión.
Otro punto central del fallo es la prohibición absoluta de contacto, por cualquier medio, con la presunta víctima y su hijo. Esta restricción fue considerada indispensable para preservar el proceso judicial y evitar cualquier tipo de influencia indebida. La medida alcanza tanto a comunicaciones directas como indirectas.
El juez Zapata subrayó que la prisión domiciliaria fue concedida únicamente por razones humanitarias y médicas, sin que ello implique una valoración anticipada sobre la responsabilidad penal del imputado. También aclaró que los riesgos procesales continúan vigentes y que la modalidad de detención podría revertirse si cambian las condiciones que motivaron la decisión.
Desde la defensa, el abogado Carlos Broitman en declaraciones al diario Río Negro sostuvo que el fallo reconoce implícitamente que el sistema penitenciario no pudo garantizar una atención médica adecuada. Según el letrado, la situación de Rudnev se agravó por la falta de estudios y tratamientos oportunos durante su detención. En ese sentido, afirmó que la domiciliaria no es un beneficio sino una respuesta legal ante una situación límite.
Broitman agregó que la prisión preventiva fue excesivamente prolongada y que la salud del imputado se vio seriamente comprometida por esa situación. También remarcó que la defensa continuará solicitando revisiones judiciales y controles independientes sobre el estado clínico de su defendido. La Fiscalía, en tanto, ya anticipó que apelará la medida, por lo que la resolución aún no está firme.
