La Justicia Federal desestimó los argumentos de salud de la defensa, que alegaba una pérdida de 50 kilos, al considerar que no estaban respaldados por informes médicos oficiales y objetivos.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca denegó la prisión domiciliaria que se le había concedido a Konstantín Rudnev, ciudadano ruso investigado por liderar una presunta secta en Bariloche, acusado de infracción al artículo 145 bis del Código Penal (trata de personas).
Los jueces Richard Fernando Gallego y Simón Pedro Bracco, integrantes del Tribunal de Revisión, entendieron que Rudnev deberá regresar a una unidad penitenciaria para continuar cumpliendo la prisión preventiva.
La Cámara basó su fallo en la “ausencia de un sustento objetivo y científico” que justificara la morigeración de la medida de coerción. En concreto, el Tribunal sostuvo que no existe en el legajo un dictamen pericial ni un informe con calidad científica sobre el estado de salud del imputado, tal como lo exige el artículo 32, inciso a), de la Ley 24.660.
De esta manera, y a partir de esa “falta de acreditación objetiva”, la Cámara hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había apelado la resolución inicial.
La prisión domiciliaria había sido concedida por el juez federal de Garantías, Gustavo Javier Zapata, basándose en informes médicos aportados por la defensa particular.
El Tribunal de Revisión criticó esta decisión y señaló que el juez de primera instancia dio crédito a las opiniones de los profesionales de la defensa sin exponer argumentos suficientes para descartar la postura del Ministerio Público Fiscal ni para requerir la intervención del Cuerpo Médico Forense, organismo especializado disponible para este tipo de evaluaciones.
Desde la defensa de Rudnev se había planteado un grave deterioro en su estado de salud, incluyendo una pérdida de peso de aproximadamente 50 kilogramos, la presencia de diversas patologías y dificultades para recibir atención médica adecuada, agravadas por la barrera idiomática dentro del penal.
Declaraciones de Carlos Broitman, abogado de Konstantín Rudnev
El letrado calificó la revocación como “arbitraria y carente de fundamento” y cuestionó duramente la decisión del Tribunal de Revisión de revocar la prisión domiciliaria de su defendido. Broitman sostuvo que la medida es arbitraria, en tanto se ignoró la evidencia médica existente.
«El tribunal revocó la decisión del juez de otorgar la prisión domiciliaria aduciendo que no la había fundamentado, cuando estaban comprendidas situaciones de riesgo de vida y se había escuchado a los médicos. Hizo lugar a lo que, a nuestro criterio, fue introducido por el Ministerio Público de forma totalmente infundada», aseguró.
Broitman enfatizó que existía un consenso entre los profesionales de la salud respecto del agravamiento del estado de salud de Rudnev y la incapacidad del servicio penitenciario para atenderlo adecuadamente.
«Todos los médicos intervinientes —el perito de parte, nuestros peritos y el perito del Ministerio Público— manifestaron que se habían agravado las condiciones de salud y que existía peligro», afirmó.
El abogado detalló falencias estructurales de la Unidad 6, que no puede garantizar la atención médica adecuada, incluso en aspectos básicos como la comunicación:
«La Unidad 6 no puede dar acabada custodia y cuidado sobre la salud de Konstantín Rudnev. Reconocieron que, por ejemplo, cuando escribe en ruso no tienen forma de traducirlo y que los estudios médicos necesarios no pudieron realizarse por falencias de la unidad», sostuvo.
Ante la revocación, Broitman anunció la presentación inmediata de un recurso de revisión, con el objetivo de revertir la medida con urgencia. El abogado insistió en que la situación de salud de Rudnev es crítica y que la prisión efectiva podría tener consecuencias fatales.
«Dentro de las próximas 24 horas vamos a solicitar la revisión de la decisión. Creemos que se va a hacer justicia otorgando en forma inmediata la prisión domiciliaria a una persona con un grave deterioro de salud, donde la continuidad de la detención puede llegar a causarle la muerte», expresó.
Pese a estos planteos, la Cámara concluyó que los argumentos de la defensa no fueron respaldados con la prueba médica oficial exigida por la ley para modificar el cumplimiento de la prisión preventiva.
Tras el fallo, la defensa dejó abierta la posibilidad de acudir a la Casación
