Presentó un hábeas corpus tras detectar seguimientos en su casa. Una camioneta oficial habría participado del operativo.
Buenos Aires, sábado 7 de febrero de 2026 –
El abogado Carlos Broitman, defensor de Konstantin Rudnev, señalado como líder de la denominada secta rusa de Bariloche, presentó un hábeas corpus preventivo tras denunciar presuntas tareas de espionaje y seguimiento sobre su domicilio particular, que atribuye a fuerzas de seguridad del Estado.
Según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas, el planteo se realizó bajo el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 23.098, ante el temor de una restricción ilegal de su libertad ambulatoria y una posible afectación a su integridad personal.
EL HECHO QUE DISPARÓ LA DENUNCIA
El episodio ocurrió en el country “El Venado”, un barrio privado ubicado en Canning, donde reside el abogado.
De acuerdo a la presentación judicial, un hombre se presentó en el acceso del barrio haciéndose pasar por repartidor de Mercado Libre y solicitó confirmar si Broitman vivía allí. La consulta resultó llamativa para el personal de seguridad privada.
Minutos después, el sujeto se retiró y subió a una camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se encontraban otros cuatro hombres. Ante lo irregular de la situación, la guardia activó el protocolo interno, dio aviso al abogado y se realizó un llamado al 911.
EL DATO CLAVE: VEHÍCULO OFICIAL
Con la intervención policial surgió el dato más grave del caso:
la camioneta no pertenecía a una empresa privada.
Según consta en el escrito, el rodado sería propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación, un elemento que para la defensa agrava de manera decisiva la denuncia.
Broitman sostuvo que “no se trató de un hecho casual” y vinculó directamente el episodio con su rol como defensor en la causa conocida como la secta rusa de Bariloche.
“SON PRESIONES PARA QUE NOS APARTEMOS”
En declaraciones a Agencia NA, el abogado fue contundente:
“Son presiones para que nos apartemos de la defensa. Ingresamos meses después de otros estudios jurídicos que renunciaron o fueron apartados. Estamos convencidos de que la acusación no soporta el control jurisdiccional para llegar a juicio”.
Y agregó:
“Están a la caza de abogados que ejercen el derecho de defensa como marca la ley. Que acusen, pero que se establezca la verdad en un juicio justo”.
Para Broitman, la supuesta excusa comercial utilizada para averiguar su domicilio “es absolutamente inverosímil”, especialmente por tratarse de un vehículo oficial.
TEMOR CONCRETO Y GRAVEDAD INSTITUCIONAL
En el hábeas corpus, el abogado afirmó desconocer si existe una orden judicial válida, quién habría dispuesto las tareas y con qué objetivo. También aclaró que nunca fue notificado de ninguna actuación judicial en su contra.
“Si existe una causa legítima, me presentaré de inmediato ante la autoridad competente.
Lo inadmisible es cualquier actuación clandestina o encubierta”, sostuvo.
El escrito remarca que no se trata de una sospecha abstracta, sino de una situación actual y verificable, respaldada por imágenes del sistema de seguridad del country, que fueron incorporadas como prueba.
ANTECEDENTES EN LA CAUSA RUDNEV
Broitman vinculó el episodio con su actuación como defensor en la causa FGR 2878/2025, que tramita en la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche.
Recordó un antecedente que calificó como de “extrema gravedad institucional”: un pedido del Ministerio Público Fiscal para allanar el domicilio del abogado de la presunta víctima y secuestrar dispositivos electrónicos, medida que fue rechazada por un juez de Garantías por vulnerar el derecho de defensa y el secreto profesional.
Según afirmó, en distintas audiencias se deslizaron expresiones que permitirían inferir una intención de investigar a abogados vinculados a la causa.
AMPLIACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS
La denuncia fue ampliada junto al abogado Fabián Lekerman. Allí se detalló que la defensa verificó la titularidad de la Toyota Hilux ingresando el dominio en el sistema de infracciones bonaerense.
De ese modo, se identificó el CUIT del titular registral, que luego fue cotejado en registros públicos, confirmándose que el vehículo pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación. Toda esa información fue incorporada como prueba.
QUÉ PIDE LA DEFENSA
En su presentación, Broitman solicitó:
- Determinar si existen tareas de vigilancia o seguimiento.
- Que, de comprobarse su existencia sin orden judicial, se ordene su inmediata cesación.
- Que se informe quién dispuso el operativo y con qué finalidad.
- Protección expresa de su libertad, integridad personal y del ejercicio de su actividad profesional.
El escrito advierte que vigilar o intimidar a defensores técnicos vulnera garantías constitucionales básicas y que, de confirmarse los hechos, el caso adquiere una gravedad institucional mayúscula.
