El Gobierno nacional envió hoy al Congreso el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con el objetivo de que sea debatido esta misma semana en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. La iniciativa retoma el texto presentado el año pasado, pero incorpora una novedad clave: la asignación de fondos específicos para su implementación.
El punto central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos graves. No obstante, desde la oposición dialoguista —principalmente el PRO y la UCR— ya anticiparon que el consenso posible sería fijar el piso en 14 años. “Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, señalaron referentes de esos bloques, por lo que se espera que el dictamen que se firme el próximo miércoles incluya esa modificación.
En una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despejó otro de los principales puntos de conflicto: el financiamiento. A diferencia del proyecto original, que no contemplaba partidas específicas y no figuraba en el Presupuesto 2026, la nueva versión incorpora una asignación presupuestaria concreta.
El artículo 51 del proyecto, bajo el título Asignación Presupuestaria, establece un monto total de $23.739.155.303,08 para la puesta en marcha del régimen, detallando los fondos que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto mantiene la intención de aplicar el régimen penal juvenil a partir de los 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Asimismo, prevé un sistema diferenciado del régimen penal de adultos, con penas máximas que, según el proyecto original del Ejecutivo, podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión, sin contemplar reclusión perpetua.
Sin embargo, ese punto también podría ser modificado. En el dictamen consensuado el año pasado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas se había fijado una pena máxima de 15 años de privación de la libertad para delitos graves, priorizando penas alternativas —como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento o reparación del daño— para delitos con penas de hasta tres años. La privación de libertad quedaría reservada como último recurso.
En materia procesal, el proyecto establece que para menores de hasta 15 años el juez podrá disponer medidas de privación de libertad únicamente en casos graves, con un enfoque orientado a la resocialización. Para delitos menores, se prevén sanciones no privativas de la libertad.
La iniciativa también contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones. El personal de estos centros deberá estar capacitado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos adultos.
Además, el régimen incorpora derechos reforzados tanto para los menores como para las víctimas. Entre ellos, se incluye el acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, la posibilidad de participar en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso judicial.
Según el cronograma difundido por la Presidencia de la Cámara baja, La Libertad Avanza buscará dictaminar el proyecto el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez, y Presupuesto, con la intención de llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero para obtener media sanción.
