El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como presunto jefe de una asociación ilícita, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La decisión también alcanzó a otros 18 imputados y dispuso nuevas declaraciones indagatorias, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
La causa se inició el año pasado tras la filtración de audios que expusieron presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos e insumos médicos. Para el magistrado, la investigación permitió “reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal integrada por funcionarios de la ANDIS y actores privados, cuyo objetivo era obtener millonarias ganancias mediante la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.
Según el fallo, durante la gestión de Spagnuolo se montó un “sistema de retornos” por parte de droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios al organismo, con el fin de recompensar a “funcionarios infieles”. Casanello sostuvo que la Agencia “fue cooptada y utilizada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en desmedro de la finalidad pública de protección y cuidado de las personas con discapacidad”.
Una competencia de precios “armada”
La resolución describe una “puesta en escena” en los procesos de competencia de precios, paso obligatorio para las contrataciones públicas. De acuerdo con el juez, cuatro droguerías se turnaban para presentar ofertas y resultar adjudicadas: Profarma y Génesis en la compra de medicamentos, y New Farma y Floresta en la adquisición de insumos, principalmente implantes auditivos.
Todas las firmas estaban vinculadas entre sí, fueron dadas de alta como prestadoras de la ANDIS el mismo día y respondieron a un pedido urgente de las autoridades del organismo. Además, las ofertas presentadas eran “injustificadamente caras”, incluso en comparación con otras compras realizadas de manera paralela dentro de la propia agencia.
El rol de Spagnuolo y las pruebas
Para Casanello, Spagnuolo fue “la máxima autoridad” de la ANDIS durante el período investigado y articuló el direccionamiento de las contrataciones a cambio de sobornos. El fallo señala que colocó en cargos clave a personas que respondían a intereses ajenos a la administración pública y supervisó el esquema de adjudicaciones irregulares.
Entre las pruebas valoradas se encuentra una máquina de contar billetes hallada en la vivienda del ex funcionario, considerada “necesaria para instrumentar la entrega y recepción de dinero en efectivo”, así como registros de visitas del empresario Miguel Ángel Calvete —también procesado— al domicilio de Spagnuolo y pagos de este último a un mueblero vinculados a fondos de origen ilícito.
Los audios y el rechazo de nulidades
La causa se inició en agosto tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en audios filtrados en los que una voz atribuida a Spagnuolo hacía referencia a internas políticas y hechos de corrupción. Las defensas intentaron anular la investigación alegando la ilegalidad y manipulación de esas grabaciones, pero Casanello rechazó los planteos.
El juez aclaró que los procesamientos se basan en pruebas independientes —expedientes administrativos y testimonios— y que los audios no fueron utilizados como prueba directa en la resolución.
Los cuatro jefes y los embargos
Además de Spagnuolo, fueron procesados como presuntos jefes de la asociación ilícita el ex subdirector de la ANDIS Daniel Garbellini y dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como quienes “controlaban la agencia desde afuera”.
Aunque los acusados seguirán en libertad, Casanello ordenó embargos millonarios: sobre Spagnuolo trabó uno por más de $202.247 millones, con montos similares para los otros tres principales imputados.
“Otro nivel de complicidades”
En uno de los tramos más contundentes del fallo, el juez advirtió que lo investigado podría no agotar el entramado de corrupción. “La extensión de los negocios y la magnitud de las cifras sugieren que no se trató de un esquema encapsulado y que podría existir otro nivel de complicidades”, afirmó, y ordenó profundizar la investigación.
En ese marco, dispuso nuevas indagatorias y citó a las personas jurídicas de cuatro droguerías clave: Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA.
