La Justicia detectó un presunto plan sistemático para eliminar evidencias en la causa por lavado de activos. Hay cuatro detenidos y tres personas serán indagadas.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA, tras comprobarse la existencia de un presunto plan interno para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por lavado de activos.
Las medidas se adoptaron con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona y la secretaria Vanesa Curcio. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para prestar declaración indagatoria.
Los procedimientos se realizan en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen domicilios particulares, oficinas y galpones. Entre las firmas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón. El objetivo central es el secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos considerados clave para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
Un supuesto plan para eliminar evidencias
Según fuentes judiciales, la investigación logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas dedicada específicamente a eliminar documentación sensible.
Chats incorporados al expediente revelaron que, a comienzos de diciembre pasado, se habría activado un “protocolo de emergencia” orientado a borrar rastros. El esquema incluyó —siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal— el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La pesquisa pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de la firma, quien habría enviado un mensaje a un empleado identificado como “Juan Soler” con la instrucción de “ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas”, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones.
Para la Justicia, esa maniobra formaría parte de una estrategia coordinada para entorpecer la investigación.
Transferencias millonarias bajo la lupa
La causa avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado como allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los dispositivos electrónicos de Vallejo ya fueron desbloqueados y están siendo peritados por la Policía Federal. En el análisis intervienen además la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
A partir de allanamientos previos en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors, y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020.
Según la hipótesis judicial, esas operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma utilizadas para canalizar fondos de presunto origen ilícito.
La causa se inició en noviembre, tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que advirtió sobre maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también señaló el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
En ese contexto, los investigadores analizan si Sur Finanzas otorgó préstamos inflados a clubes con dificultades económicas —entre ellos San Lorenzo— con el supuesto objetivo de lavar dinero. La pesquisa también alcanza a empresas constructoras vinculadas al ámbito del fútbol, como Construcciones TAR.
Con cuatro detenidos, nuevas indagatorias en puerta y una presunta estructura interna dedicada a borrar rastros, la causa Sur Finanzas avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y millonarias maniobras bajo investigación judicial.
