La defensa de Konstantin Rudnev presentó un recurso de casación contra la revocación de la prisión domiciliaria y volvió a pedir el sobreseimiento. La Fiscalía tiene poco más de un mes para definir si acusa.
La causa conocida como la “Secta rusa de Bariloche” atraviesa horas clave. Con un recurso de casación ya presentado y un pedido de sobreseimiento rechazado por “prematuro”, la defensa de Konstantin Rudnev decidió redoblar la apuesta judicial y avanzar contra las últimas resoluciones que, según sostiene, agravaron su situación procesal.
El movimiento no es menor. Falta poco más de un mes para que la Fiscalía defina si acusa formalmente por presunta trata de personas o si modifica el rumbo del expediente. Ese vencimiento aparece ahora como el punto de inflexión.
La domiciliaria revocada y la vía a casación
El 5 de febrero de 2026, los Jueces de Revisión del Distrito General Roca declararon inadmisible una impugnación de la defensa y dejaron firme la revocación de la prisión domiciliaria que había sido concedida a Rudnev.
Para el abogado Carlos Broitman, esa decisión consolidó “una modalidad de detención más gravosa” y afectó garantías básicas como el derecho al recurso y el doble conforme. Con ese argumento, acudió a la instancia de casación para que un tribunal superior revise la legalidad de lo resuelto.
La casación no reabre el debate probatorio. Lo que discute es si la resolución fue adoptada respetando las reglas del debido proceso. La defensa sostiene que no.
El sobreseimiento que no prosperó
En paralelo, el miércoles 11 de febrero, el juez de Garantías Gustavo Villanueva rechazó el pedido de sobreseimiento. No lo hizo por considerar que el delito esté probado, sino porque entendió que el planteo llega antes de tiempo.
El magistrado recordó que el plazo de investigación otorgado a la Fiscalía aún no venció y que resta poco más de un mes para que formule acusación o adopte otra decisión.
“Se realizó la audiencia de sobreseimiento de Konstantin Rudnev, a quien consideramos totalmente ajeno a los hechos que se le imputan”, afirmó Broitman tras la audiencia. Y agregó que el juez no ingresó en el fondo del asunto.
El eje de la acusación
La investigación gira en torno a una presunta infracción al artículo 145 bis del Código Penal, que tipifica el delito de trata de personas.
El nombre que aparece en el centro de esa imputación es el de Elena Makarova, señalada como presunta víctima. Sin embargo, en su declaración en Cámara Gesell sostuvo que no fue víctima de ningún delito ni de ninguna organización criminal.
Esa declaración es uno de los puntos más controvertidos del expediente. Aun así, la hipótesis fiscal formalizada el 3 de abril de 2025 continúa vigente.
La audiencia y las posiciones
En la audiencia participaron la fiscalía federal descentralizada de Bariloche, el abogado de la presunta víctima, la asesora de menores y la Unidad de Defensa Pública.
La fiscalía pidió el rechazo del sobreseimiento y sostuvo que cerrar el caso ahora afectaría el sistema acusatorio. Argumentó que la investigación todavía se encuentra dentro del plazo legal y que existen elementos suficientes para continuar.
El abogado de la presunta víctima no se opuso al pedido de la defensa. En cambio, la asesora de niñas, niños y adolescentes consideró que el planteo reedita discusiones ya abordadas.
El mes que puede definir todo
El calendario empieza a jugar un rol determinante. El plazo concedido por el juez Zapata está por agotarse. Cuando eso ocurra, la Fiscalía deberá tomar una decisión.
Las opciones son claras:
- Formular acusación formal y pedir la elevación a juicio.
- Modificar la calificación legal.
- No acusar.
- Solicitar el sobreseimiento.
“Los fiscales pueden acusar, pueden no acusar, pueden cambiar la calificación legal o incluso pedir el sobreseimiento. Creemos que es inminente un cambio de calificación”, anticipó Broitman.
Una denuncia que tensiona el proceso
En medio del debate, la defensa lanzó una advertencia adicional: sostuvo que los propios abogados defensores están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal desde General Roca.
Para Broitman, esa situación compromete el derecho de defensa y agrava el cuadro procesal. “Es una situación extremadamente grave para cualquier Estado de Derecho”, afirmó.
Qué se discute ahora
La causa no está definida. No hay aún acusación formal ni cierre de investigación. Lo que está en juego es si la hipótesis fiscal avanza hacia juicio o si el expediente toma otro rumbo.
La casación presentada busca revisar la legalidad de la revocación de la domiciliaria. El rechazo del sobreseimiento mantiene abierta la investigación. Y el vencimiento del plazo se aproxima.
