El jefe de Gabinete dio su primera conferencia de prensa en casi dos meses, rodeado de ministros y con el respaldo de Santiago Caputo. Reconoció que vive en una propiedad que no figura en su declaración jurada y no aclaró quién pagó el vuelo privado a Punta del Este.
Manuel Adorni compareció este martes ante la prensa en la Casa Rosada, casi dos meses después de su última conferencia, en el momento de mayor presión política y judicial desde que asumió como jefe de Gabinete. La convocatoria fue presentada como un intento de retomar la agenda, pero terminó generando más preguntas que respuestas: el funcionario se negó a dar detalles sobre sus bienes y viajes bajo el argumento de que existe una investigación judicial en curso.
«A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder», fue su apertura, a las 11.11 de la mañana. Pero a continuación, contradijo esa afirmación con el silencio: ante cada pregunta concreta sobre sus propiedades o sobre el jet privado, Adorni respondió que no podía dar precisiones porque podría «entorpecer» las causas judiciales abiertas.
Qué pasó
La conferencia de prensa de Adorni se realizó en un clima de tensión política interna. El funcionario llegó a la Casa Rosada a las 8.30 para prepararse. A su lado, en la sala, estuvieron presentes el ministro de Economía Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la ministra María Ibarzábal, el titular de Desregulación Federico Sturzenegger y varios funcionarios del círculo íntimo de la Jefatura de Gabinete. La imagen fue clara: el Gobierno mostró músculo institucional para respaldar a un funcionario cuestionado.
El dato político más saliente fue que el propio Santiago Caputo —asesor presidencial y figura de enorme peso en la toma de decisiones del Ejecutivo— estuvo parado a un costado de la sala durante toda la conferencia. Su presencia, sin hacer declaraciones, fue leída como un mensaje de respaldo explícito al jefe de Gabinete.
Qué se sabe
Adorni reconoció que vive en Caballito, en una propiedad que no figura en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Su justificación fue que la declaración jurada «no está vencida todavía». Al ser consultado sobre cuántas propiedades tiene en total, no respondió con un número. Dijo que «todo está declarado» pero que los periodistas deben «cotejar con la declaración jurada».
Sobre el vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, Adorni repitió que «no es una dádiva» porque él lo pagó. Sin embargo, no aclaró de qué manera ni aportó comprobantes. Las facturas del vuelo —tanto de ida como de vuelta— figuran a nombre de una productora de Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y proveedor de contenidos de la TV Pública, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. Esa contradicción quedó sin resolver.
«Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial», dijo Adorni, sin mostrar ningún respaldo documental que lo acredite.
Ante la pregunta de un periodista de El Destape sobre el pago del avión, Adorni respondió de manera agresiva: «Sos apenas un periodista, no un juez. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente». La frase generó tensión en la sala y fue tomada como un intento de intimidación hacia la prensa.
Quiénes son los afectados
Las polémicas que rodean a Adorni tienen varios frentes abiertos. El primero involucra a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, quien viajó en el avión presidencial durante la Argentina Week en Nueva York, en marzo, junto a la comitiva oficial. El segundo es la adquisición, en noviembre de 2024, de una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti y no declarada por el funcionario. El tercero es el vuelo privado a Punta del Este con Grandio como aparente financiador.
La diputada Marcela Pagano, ex libertaria, presentó una denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Las causas están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini. Ambos expedientes corren en paralelo y la Justicia ya pidió informes al Gobierno sobre el vuelo a Punta del Este.
El escándalo también involucra a Marcelo Grandio, empresario de medios cuya productora tiene contratos con la TV Pública desde hace más de 30 años. Adorni defendió esa relación comercial argumentando que «la injerencia de Grandio es anterior» a su llegada al cargo. Pero la presencia de facturas del vuelo privado a nombre de la productora de Grandio siguió sin tener una explicación convincente.
Cómo sigue
Adorni anunció durante la conferencia que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de 60 pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en el Poder Judicial. También confirmó que el 29 de abril asistirá al Congreso para dar el informe de gestión que establece la Constitución Nacional.
El viernes próximo, Adorni tiene planificado aparecer públicamente junto al presidente Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en un acto del Ministerio de Capital Humano. Esa imagen fue diseñada por el entorno como un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario en medio de las versiones sobre una posible salida del cargo. La ministra Sandra Pettovello, presente en el acto, es uno de los nombres que circuló como eventual sucesora.
Las versiones sobre su continuidad en el cargo se multiplicaron en los últimos días, aunque desde el entorno presidencial se insistió en que Adorni sigue siendo parte del equipo de gobierno.
El jefe de Gabinete también aprovechó la conferencia para reivindicar la postura del Gobierno sobre el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y calificó al actual proceso político como «el más reformista de la historia». Fue un intento claro de desviar la atención hacia la gestión, aunque el foco mediático siguió puesto en las causas judiciales y las contradicciones patrimoniales.
El contexto institucional: qué es la declaración jurada y por qué importa
En Argentina, los funcionarios públicos de jerarquía están obligados por la Ley de Ética Pública N° 25.188 a presentar declaraciones juradas de bienes al asumir y al dejar el cargo, y a actualizarlas anualmente. El incumplimiento o la omisión de datos relevantes puede constituir una falta grave o, en casos extremos, el delito de enriquecimiento ilícito.
Que Adorni viva en una propiedad que no figura en su última declaración jurada no es automáticamente ilegal si la presentación del nuevo documento aún no venció. Pero políticamente, la imagen de un jefe de Gabinete que no puede explicar dónde vive ni quién pagó sus vacaciones en un jet privado genera un costo reputacional difícil de absorber.
La Oficina Anticorrupción tiene la potestad de investigar inconsistencias en las declaraciones juradas de los funcionarios. Si los datos declarados no coinciden con el patrimonio real verificado por la Justicia, el caso puede derivar en una causa penal por enriquecimiento ilícito, que en Argentina prevé penas de entre dos y seis años de prisión.
El antecedente: funcionarios libertarios y el dilema patrimonial
El caso Adorni no es el primero dentro del Gobierno de Milei en el que un funcionario queda bajo la lupa por inconsistencias entre su declaración jurada y su nivel de vida aparente. Desde el inicio de la gestión, el discurso de la «casta política» como enemiga pública fue el eje central de la identidad libertaria. Esa narrativa hace especialmente costoso políticamente cualquier escándalo de opulencia o privilegios en el entorno presidencial.
El vuelo en jet privado, la casa en el country y la esposa en el avión presidencial construyen, sumados, una imagen que contradice el relato de austeridad que el Gobierno sostiene como bandera electoral. La conferencia de prensa de este martes no logró desarticular esa percepción. La Justicia, en cambio, sigue avanzando.
