En un fallo considerado histórico, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, que en primera instancia obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones.
La decisión del tribunal de alzada dejó sin efecto la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había fallado a favor de los demandantes en el marco de un litigio que se extendió por más de una década.
Según el fallo, los reclamos por incumplimiento de contrato contra el Estado argentino y la petrolera no son admisibles bajo el derecho argentino. En ese sentido, los jueces concluyeron que la Ley de Expropiación sancionada por el Congreso en 2012 prevalece sobre el estatuto de la compañía.
La resolución fue adoptada por mayoría en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. No obstante, los demandantes aún podrían solicitar una revisión del fallo ante el pleno del tribunal o eventualmente recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso es considerado el mayor juicio que enfrentó la Argentina en el exterior y una de las demandas más importantes contra un Estado soberano en tribunales estadounidenses. En las semanas previas a la resolución, el propio gobierno de Estados Unidos había manifestado su postura favorable al país a través del Departamento de Justicia.
Uno de los principales afectados por la decisión fue Burford Capital, el fondo que había adquirido los derechos de litigio. Tras conocerse el fallo, sus acciones registraron una fuerte caída en los mercados internacionales.
En paralelo, los papeles de YPF mostraron una suba, luego de que se confirmara además que la compañía había quedado fuera de la demanda.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial y la calificó como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”. A través de sus redes sociales, destacó que el resultado evita al país el pago de aproximadamente USD 18.000 millones.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la resolución como una “tremenda noticia” y resaltó el trabajo del equipo legal que llevó adelante la defensa del Estado.
El proceso judicial atravesó distintas administraciones —desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, hasta la actual gestión— y fue llevado adelante por la Procuración del Tesoro, actualmente a cargo de Sebastián Amerio.
Más allá de posibles apelaciones, el fallo representa un giro clave en una causa que ponía en riesgo una de las mayores erogaciones económicas de la historia argentina.
