En un giro significativo en la causa que lo tiene detenido hace más de un año, Konstantin Rudnev obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, dejando la Unidad 6 de Rawson para trasladarse a San Vicente, provincia de Buenos Aires.
La decisión, tomada por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, se produce tras un año de detención y en un contexto de fuertes cuestionamientos a la labor de la fiscalía.
La audiencia, relizada en un marco de tensión, reveló que los magistrados criticaron la extensión de la exposición fiscal y, más importante aún, la incapacidad de la acusación para justificar por qué medidas alternativas a la prisión preventiva eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales.
Para la defensa, liderada por los abogados Martín Sarubbi y Ramón Giménez, esta resolución representa un reconocimiento de la debilidad de la imputación.
Martín Sarubbi, quien incluso se ofreció como fiador personal, enfatizó que
la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, aunque tardía, «refleja que el tribunal ha comenzado a ponderar adecuadamente la falta de fundamentos concretos para sostener una medida tan gravosa».
Sarubbi sostuvo, desde el inicio, que no existen pruebas directas que acrediten los hechos imputados y que la propia persona que fue presentada como presunta víctima ha negado haber sido víctima de delito alguno.
La defensa argumenta que la privación de la libertad no puede sostenerse sobre «hipótesis» y que la resolución actual implica un reconocimiento de que las condiciones de detención resultaban desproporcionadas.
Además, Sarubbi destacó el estado de salud de su defendido, un aspecto que, según él, no había sido considerado adecuadamente y que se había deteriorado en el establecimiento penitenciario.
La Causa Rudnev se originó el 28 de marzo de 2025 con la detención de Rudnev en el aeropuerto de Bariloche. La investigación se inició por una alerta del Hospital Ramón Carrillo.
Sin embargo, la presunta víctima ha desmentido públicamente y ante la justicia haber sido víctima de trata o de cualquier red de captación. La defensa insiste en que la fiscalía aún debe consolidar las pruebas para elevar la causa a juicio, y que la investigación carece de sustento probatorio desde su origen.
Con una caución de 30 millones de pesos, Rudnev esperará en su nuevo domicilio en San Vicente la resolución de la justicia, mientras su defensa promete seguir «insistiendo en que este caso debe resolverse sobre la base de hechos verificables y no de construcciones hipotéticas».
