El juez federal Ariel Lijo dio un giro inesperado en la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó que Gendarmería Nacional perite los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Hasta ahora, la Justicia había mantenido esas grabaciones al margen del expediente principal.
Buenos Aires – El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves que la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional realice un peritaje sobre los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el escándalo de corrupción en la ANDIS, en un giro que modifica el rumbo de la investigación.
La decisión del magistrado, que subroga el Juzgado Federal N° 11, marca un antes y un después en la causa. Hasta el momento, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez habían evitado utilizar las grabaciones como prueba para que, en caso de que se determine que fueron obtenidas ilegalmente o adulteradas, no se active la doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado”.
Lijo resolvió adelantarse a un nuevo pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que en diciembre pasado ya había ordenado verificar el origen y la autenticidad de los audios. “Arbitrar los medios necesarios para establecer si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”, ordenó el juez, según consta en el expediente.
▸34 imputados en un presunto esquema de coimas
El juez Lijo instruyó a la fuerza de seguridad federal para que realice un análisis técnico forense sobre las grabaciones que comprometen a Spagnuolo y a otros 34 imputados en un presunto esquema de coimas dentro del organismo que maneja fondos para personas con discapacidad. El pasado 4 de diciembre, la Sala II de la Cámara Federal —integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah— había ordenado al entonces subrogante del juzgado, Sebastián Casanello, que investigara el origen de los audios.
Sin embargo, Casanello respondió el 9 de febrero con una resolución en la que sostuvo que las averiguaciones ya estaban a cargo del fiscal Carlos Stornelli en una causa paralela por espionaje ilegal a Karina Milei. La Cámara no aceptó esa respuesta: “No se cumplió con ello”, sintetizó la mayoría de los jueces.
En consecuencia, Lijo, que asumió la subrogancia del juzgado tras un sorteo el 11 de febrero, decidió acelerar los tiempos y ordenar el peritaje sin esperar una nueva intimación del tribunal de alzada.
▸ ¿Qué se sabe hasta ahora?
- El peritaje estará a cargo de Gendarmería Nacional, específicamente de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses, considerada una de las áreas técnicas más confiables en la órbita de la justicia federal argentina. La pericia deberá determinar el origen de los archivos, la cadena de custodia y si fueron editados o manipulados.
- La defensa de Spagnuolo, liderada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó en diciembre de 2025 un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz atribuida al exfuncionario haya sido modificada con inteligencia artificial. Ese estudio fue el puntapié del planteo de nulidad que ahora Lijo busca despejar con una pericia oficial independiente.
- El fiscal Picardi sostiene que la causa tiene pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones. Como ejemplo, señaló el decreto del presidente Javier Milei que desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini de sus cargos antes del inicio formal de la investigación.
- La respuesta de Casanello al pedido de la Cámara llegó el 9 de febrero. “Las averiguaciones sobre los audios ya están a cargo de Stornelli y Ercolini”, argumentó, en una causa paralela sobre espionaje. La Cámara rechazó esa respuesta 24 horas después por considerarlo una “falta de cumplimiento”.
📌 QUÉ ES LA DOCTRINA DEL “FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO”
Es un principio jurídico de origen estadounidense adoptado por el derecho argentino. Establece que si la prueba que da origen a una investigación penal fue obtenida de manera ilícita (por espionaje, adulteración o violación de la intimidad), todas las pruebas que se desprendan de ella también son nulas, como los frutos de un árbol envenenado. Por eso, la Fiscalía evitó usar los audios como prueba principal en los procesamientos, para que la causa no se caiga si se determina que fueron adulterados o son ilegales.
▸ Contratos millonarios con el Estado.
La investigación alcanza a 19 personas ya procesadas y al menos otras 20 bajo sospecha, entre funcionarios públicos y empresarios. Entre los involucrados figuran el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; el presunto lobbista Miguel Ángel Calvete; y los dueños de la droguería Suizo Argentina, que habría concentrado contratos millonarios con el Estado. Según la hipótesis fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.
El monto total de los contratos bajo la lupa supera los $75.000 millones de pesos, según fuentes judiciales citadas por el fiscal Picardi.
▸ ¿Cómo sigue?
El peritaje de Gendarmería demandará varias semanas hasta tener un dictamen definitivo, dependiendo de la complejidad del análisis de los archivos y de la eventual detección de inteligencia artificial. En paralelo, el juez Lijo continúa con la ronda de indagatorias a los 34 imputados, que comenzó el 28 de abril y se extenderá hasta el 26 de mayo.
Spagnuolo se negó a declarar en su segunda indagatoria el pasado martes. Salió de Comodoro Py y dijo a los periodistas: “Estamos dando las explicaciones. No es la única oportunidad en la que se puede declarar”. Su estrategia defensiva se sostiene en la espera del resultado del peritaje para impulsar la nulidad de toda la causa si los audios son declarados adulterados o ilegales.
“Lijo se anticipó a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal y decidió correrse del criterio que había tenido Casanello.”
