El tradicional café y restaurante Esquina Homero Manzi atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. El emblemático local porteño, símbolo cultural del tango y de la identidad de Boedo, enfrenta una condena judicial por $220 millones en el marco de un juicio laboral iniciado por dos bailarines, una cifra que —según sus responsables— pone en riesgo la continuidad del negocio.
El administrador del establecimiento, Gabriel Pérez, aseguró que la situación es “impagable” y advirtió que podría derivar en el cierre definitivo del histórico restaurante inaugurado en 1927. “Es algo injusto y hoy imposible de afrontar”, expresó en declaraciones radiales.
Ubicado en la tradicional esquina de San Juan y Boedo, el local mantiene un fuerte valor patrimonial y turístico dentro del circuito cultural de Buenos Aires. Durante décadas fue un punto de encuentro para amantes del tango, artistas y visitantes extranjeros.
Según explicó Pérez, el conflicto judicial involucra a dos bailarines que prestaban servicios de manera intermitente en los espectáculos del restaurante. Desde la empresa sostienen que la relación laboral no era de dependencia, sino una contratación por presentación artística. “Ellos cobraban por cada servicio realizado. Si no venían, no cobraban. Incluso cuando enviaban reemplazos, el pago iba para esas personas”, señaló.
El empresario también remarcó que durante la pandemia los artistas no permanecían en Argentina, sino que trabajaban en distintos países europeos vinculados a espectáculos para cruceros. “Presentamos fotos y publicaciones de ellos en Rusia, Italia y España durante ese período”, afirmó.
La crisis económica derivada del COVID-19 golpeó especialmente al sector gastronómico y turístico, dos áreas de las que dependía gran parte de la actividad de Esquina Homero Manzi. Pérez recordó que el restaurante recurrió a créditos y programas de asistencia estatal para sostener el funcionamiento y preservar los puestos de trabajo durante las restricciones sanitarias.
“No volvimos a recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. Nuestro público depende mucho del turismo y de espectáculos específicos”, explicó.
La cifra del juicio, que según el administrador comenzó en torno a los dos millones de pesos y escaló hasta los $220 millones, generó alarma dentro del sector gastronómico. Empresarios y comerciantes advierten desde hace tiempo sobre el impacto de litigios laborales de gran magnitud en negocios tradicionales que aún atraviesan una recuperación económica lenta.
Pérez sostuvo que la situación excede el caso puntual y alertó sobre las consecuencias sociales que podrían derivarse de este tipo de sentencias. “Esto termina cerrando negocios y dejando familias sin trabajo”, manifestó.
El caso recuerda al conflicto judicial que meses atrás afectó al restaurante Piegari, también involucrado en una millonaria demanda laboral.
Mientras tanto, la incertidumbre crece alrededor de uno de los bares más representativos de la cultura porteña, cuya continuidad hoy aparece seriamente comprometida.
