A casi dos décadas del asesinato de Nora Dalmasso, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del caso.
La decisión fue tomada este miércoles por la noche tras una extensa jornada de alegatos en la Legislatura de Córdoba. El tribunal estuvo encabezado por Julieta Rinaldi y evaluó durante semanas la actuación de los funcionarios judiciales en una de las causas criminales más resonantes de la historia argentina reciente.
Luego de conocerse el veredicto, integrantes de la familia Macarrón-Dalmasso se abrazaron emocionados dentro de la sala, tras años de cuestionamientos al rumbo de la investigación.
Durante el jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi sostuvo que las irregularidades cometidas “están probadas” y cuestionó duramente la forma en que se llevó adelante la pesquisa desde sus inicios.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a que los investigadores habrían ignorado durante años evidencia clave vinculada al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen. Según la acusación, el sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”.
Croppi afirmó además que la causa estuvo marcada por hipótesis sin sustento y por un enfoque centrado en la vida privada de la víctima, lo que derivó —según sostuvo— en una estigmatización pública de Dalmasso. “Se alimentó la narrativa de una mujer promiscua”, señaló durante su alegato.
En relación con Di Santo, quien condujo la investigación en sus primeros años, se cuestionó no haber profundizado líneas que apuntaban hacia Bárzola pese a indicios tempranos sobre su presencia en la escena.
Respecto de Miralles, la acusación criticó la insistencia en investigar al entorno familiar de la víctima, especialmente al viudo Marcelo Macarrón, quien finalmente fue absuelto tras el juicio oral.
También se cuestionó la exposición pública de Facundo Macarrón, quien fue señalado en distintas hipótesis de la causa. Durante el jury, Croppi denunció que se construyó una teoría “novelesca” alrededor de la familia, lo que provocó momentos de fuerte emoción entre los presentes.
En cuanto a Pizarro, se objetó haber elevado la causa a juicio bajo la hipótesis de un crimen por encargo sin respaldo probatorio suficiente. Además, la acusación remarcó que nunca incorporó formalmente el delito de abuso sexual, pese a reconocer que la víctima había sido ultrajada.
“Fue un manual de cómo no investigar un caso de violencia de género”, resumió Croppi al referirse al desempeño de los fiscales.
Las defensas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las decisiones adoptadas respondieron a la prueba disponible en cada momento. También señalaron que el jury no debía utilizarse para revisar retrospectivamente una investigación atravesada por múltiples hipótesis y limitaciones.
Antes de la resolución, los tres fiscales defendieron su actuación. Di Santo afirmó haber trabajado “con entereza y respeto” durante sus 38 años de carrera judicial, mientras que Miralles pidió disculpas a la familia Macarrón-Dalmasso aunque negó haber actuado con negligencia.
El proceso de enjuiciamiento comenzó el 21 de abril y contó con más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y familiares de la víctima.
La resolución del tribunal no determinó la autoría del crimen —una causa que ya se encuentra prescripta—, sino que se limitó a evaluar la conducta de los fiscales durante la investigación del homicidio ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba.
