La Justicia destapó una red que cobraba hasta el 15% para destrabar importaciones en plena crisis de reservas. Funcionarios, intermediarios y financistas operaban un «sistema paralelo». Las empresas que pagaban saltaban la fila. Las que no, esperaban meses. El negocio de la necesidad.
El cepo cambiario no solo asfixió a las empresas. También creó un negocio paralelo. Una red de funcionarios, intermediarios y financistas cobraba coimas de hasta el 15% del valor de la importación para acelerar los permisos del SIRA.
La Justicia levantó el secreto de sumario este viernes. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles —ex socio y allegado a Elías Piccirillo— dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo». Operó durante 2022 y 2023, en plena crisis de reservas y cepo cambiario.
El esquema era simple: las empresas pagaban, y la red destrababa. Los plazos se reducían de 90 o 120 días a una semana. La necesidad de mantener la operatividad se convirtió en el combustible del negocio.
El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa:
El cepo cambiario se endureció en 2022 y 2023. El SIRA era la herramienta central de control. El entonces ministro de Economía, Sergio Massa, prometía orden y transparencia. La Justicia revela ahora que, detrás del sistema oficial, operaba una red de coimas. La pregunta incómoda es cuánto sabían los funcionarios de alto rango.
La mecánica de la coima
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, abogado con pasado en el Gobierno porteño y actualmente personal de Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales.
En los diálogos de WhatsApp, Saponara le consultaba a Migueles si tenía contactos para «liberar» declaraciones de importación. La respuesta llegaba con números concretos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», se escucha en uno de los audios.
El margen de ganancia era para los intermediarios. Pero había que «rendir» una parte internamente.
Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de «canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir», era claro respecto a los costos.
«Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», le explicaba Caputto a Migueles.
La frase resume la lógica de la red: una parte iba para los que tomaban la decisión final. El resto, para los que facilitaban el contacto.
Los personajes tras el escándalo
La trama tiene al menos tres niveles:
- Los intermediarios: Martín Migueles y Ariel Saponara. Conexión entre las empresas y los que podían «mover» los expedientes.
- El canalizador: Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto. Sabía a quién había que pagar adentro del sistema.
- Los financistas: Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. Fueron allanados antes de que se levantara el secreto de sumario.
- La pieza clave no identificada: «La Señora». Presumiblemente, tenía poder real dentro de la Secretaría de Comercio. Daba el «visto bueno» final. Su identidad es, hasta ahora, el misterio más grande de la causa.
El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi siguen la pista. Hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa.
La fila que se pagaba:
Mientras el gobierno de Alberto Fernández prometía «orden y prioridad» en las importaciones, esta red cobraba para saltarse el orden. Las empresas grandes podían pagar y seguir operando. Las pymes, que no podían afrontar una coima del 15%, esperaban meses. El cepo, en lugar de igualar, profundizó la desigualdad. Los que tenían espalda para pagar, pasaban primero. Los que no, se hundían.
La ruta del dinero y los allanamientos
Uno de los casos más documentados es el de la empresa Neme S.A. Allí, Migueles dio instrucciones precisas: el dinero de la coima debía ser entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez Lijo ordenó allanamientos antes de levantar el secreto de sumario. Los financistas Calo, Tacchi y Calian fueron alcanzados por las medidas. No trascendió si encontraron documentos, dinero o elementos de prueba.
El fiscal Picardi, por su parte, sigue el rastro de otros dos intermediarios: «Pato» y «La Señora». Esta última, como se dijo, sería una funcionaria jerárquica. Su identidad es el dato que falta para que el escándalo llegue a las máximas esferas.
El SIRA ya no existe. El gobierno de Javier Milei lo eliminó en uno de sus primeros actos de desregulación. Pero la pregunta que deja esta investigación es incómoda: ¿cuántas empresas pagaron para saltarse el cepo? ¿Cuánto dinero circuló por debajo de la mesa? ¿Quién más está involucrado?
La causa promete seguir escalando. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura. El levantamiento del secreto de sumario permitirá, en los próximos días, conocer más detalles.
Pero más allá de los nombres y las cifras, el escándalo del SIRA expone la cara más oscura de la gestión cambiaria. Un sistema que, en lugar de regular, premiaba a los que pagaban. Una fila que se saltaba con coimas. Una necesidad que se convertía en negocio.
Mientras tanto, los involucrados no hablan. La Secretaría de Comercio actual, tampoco.
