En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes de universidades nacionales denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según datos elaborados en base a informes de Conadu, el deterioro salarial acumulado desde noviembre de 2023 alcanza el 34,5% en términos reales, lo que equivale a haber perdido ocho sueldos completos durante ese período.
El reclamo se da en medio de la controversia por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso e insistida tras el veto presidencial, y en un contexto de creciente ajuste presupuestario sobre el sistema público de educación superior.
Cuánto cobran los docentes universitarios en mayo de 2026
De acuerdo con la escala salarial vigente para mayo de 2026, un profesor titular con dedicación exclusiva (40 horas semanales) percibe un salario bruto de $1.898.740 en el inicio de su carrera. Con diez años de antigüedad, ese ingreso asciende a $2.373.425.
En contraste, un auxiliar de primera categoría con la misma carga horaria cobra $1.062.708 al comenzar y apenas supera el millón de pesos, lo que representa poco más de la mitad del salario de un titular.
En las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, un profesor adjunto con diez años de trayectoria percibe cerca de $925.745 brutos, mientras que un jefe de trabajos prácticos (JTP) ronda los $795.039.
La situación más crítica se observa en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en muchas universidades nacionales. Allí, un auxiliar de segunda categoría percibe entre $212.540 y $265.675 según la antigüedad. Incluso un profesor titular con diez años de experiencia apenas alcanza los $593.355 mensuales.
La pérdida salarial y el impacto del ajuste
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) estimó que un profesor titular con dedicación exclusiva dejó de percibir alrededor de $18,5 millones a valores actuales desde el cambio de gestión.
El deterioro salarial se vincula directamente con el recorte presupuestario aplicado sobre las universidades nacionales. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 docentes ya abandonaron sus cargos debido a la pérdida de poder adquisitivo.
Actualmente, el presupuesto universitario representa el 0,47% del PBI, frente al 0,72% registrado en 2023. Además, las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6%.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió además que la mayoría de los salarios docentes quedó por debajo de la Canasta Básica Total, que en marzo de 2026 se ubicó en $1.434.464. Solo los profesores titulares con dedicación exclusiva superan actualmente ese umbral.
La situación también afecta a los docentes con menores cargas horarias, muchos de los cuales ni siquiera alcanzan la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia.
Reclamo por la Ley de Financiamiento
La Ley de Financiamiento Universitario establecía una recomposición salarial destinada a recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. De haberse aplicado, implicaba un aumento cercano al 44%.
Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que no existen recursos para afrontar ese gasto. “Hoy no vamos a pagar porque realmente no tenemos la plata”, reconocieron fuentes oficiales, que estiman en 2,5 billones de pesos el costo de cumplir con la norma.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó recientemente con nuevos recortes mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que redujo en más de $78 mil millones las partidas educativas.
Entre los recortes más importantes figuran fondos destinados a infraestructura universitaria. La Universidad Nacional de La Plata sufrió una reducción superior a los $1.000 millones, mientras que también hubo fuertes podas para las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
Frente a este escenario, sindicatos docentes, estudiantes y autoridades universitarias convocaron este martes a una nueva movilización federal para exigir el cumplimiento de la ley y una recomposición urgente de los salarios del sector.
