La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en distintos puntos del país en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El reclamo central apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, al deterioro salarial de docentes y no docentes y a la falta de fondos para hospitales universitarios.
La convocatoria reunirá a docentes, investigadores, estudiantes, graduados y autoridades académicas, aunque en las movilizaciones anteriores el reclamo ya había logrado un fuerte acompañamiento social.
En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal será a las 17 en Plaza de Mayo, mientras que durante toda la jornada habrá clases públicas y actividades de visibilización en distintas facultades.
Un presupuesto en mínimos históricos
Uno de los principales ejes de la protesta es la reducción del presupuesto universitario nacional. Según datos de la UBA, en 2023 el financiamiento destinado al sistema universitario representaba el 0,72% del PBI. Actualmente, cayó al 0,47%.
“Son los peores números presupuestarios desde la recuperación democrática”, sostuvo Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires.
El impacto más inmediato se observa en los salarios docentes. De acuerdo con datos difundidos por las universidades nacionales, los cargos simples —que representan cerca del 70% de la planta docente— perciben ingresos que oscilan entre $177.000 y $351.000 mensuales.
Incluso un profesor titular con dedicación exclusiva, el cargo más alto del escalafón universitario, apenas supera la canasta básica total para una familia tipo.
Un docente menos cada dos días
La pérdida salarial ya comenzó a impactar de lleno sobre la estructura académica. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se registraron 438 renuncias entre enero de 2024 y abril de 2026, lo que equivale a la salida de un docente o investigador cada dos días.
La situación se replica en otras unidades académicas. En Ingeniería hubo 342 bajas desde 2023; en Veterinarias, más de 100 docentes dejaron sus cargos; y las escuelas preuniversitarias Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires perdieron más de 220 trabajadores en conjunto.
Las universidades advierten además sobre un fenómeno creciente: docentes con formación de posgrado y trayectoria académica migran al exterior o abandonan el sistema público ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.
A eso se suma el aumento del pluriempleo, ya que muchos profesores deben sumar otros trabajos para llegar a fin de mes, lo que impacta directamente en la calidad educativa y en la investigación científica.
Hospitales universitarios en crisis
Otro de los puntos críticos del reclamo son los hospitales universitarios, que aseguran no haber recibido aún las partidas operativas correspondientes a 2026.
Autoridades del Hospital de Clínicas y del Instituto de Oncología Ángel Roffo advirtieron recientemente que cuentan con recursos para funcionar apenas 45 días más.
En conjunto, los hospitales dependientes de la UBA atienden a unas 700 mil personas por año y son además centros clave para la formación de médicos y residentes.
“Si no llegan los fondos, es un problema enorme para miles de pacientes”, alertó Marcelo Melo, director médico del Hospital de Clínicas.
Obras frenadas y deterioro edilicio
El ajuste también impacta sobre la infraestructura universitaria. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), por ejemplo, continúan paralizadas obras destinadas a reparar desprendimientos en las fachadas del edificio.
En Exactas, las autoridades aseguran que debieron adaptar trabajos prácticos por falta de insumos de laboratorio, mientras que en otras facultades se redujo el uso de electricidad, conectividad y tareas de mantenimiento.
La Facultad de Ciencias Sociales, además, denunció que quedó suspendido un crédito internacional destinado a ampliar su edificio en Constitución.
El reclamo al Gobierno
La movilización exige que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso e insistida tras el veto presidencial.
La norma contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, actualización de partidas de funcionamiento y financiamiento para hospitales universitarios.
Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que actualmente no existen recursos fiscales suficientes para afrontar ese gasto.
Mientras tanto, las universidades advierten que el deterioro ya comenzó a afectar no solo el presente del sistema público, sino también su capacidad de sostener docentes, investigadores y profesionales formados en el país.
