La Justicia analiza el contenido del celular y la tablet del anestesiólogo investigado junto a “Fini” Lanusse por el presunto robo de anestesia en el Hospital Italiano. La defensa denunció irregularidades en el procedimiento.
La causa que investiga el presunto robo y uso indebido de propofol en el Hospital Italiano sumó un nuevo capítulo judicial tras el planteo de nulidad presentado por la defensa del anestesiólogo Hernán Boveri, uno de los principales imputados en el expediente junto a su ex pareja y colega Delfina “Fini” Lanusse.
El eje de la controversia gira en torno al análisis forense del celular Samsung S25 y un iPad secuestrados durante un allanamiento realizado en marzo pasado en el domicilio del médico. Ambos dispositivos actualmente son peritados por la DATIP, el área especializada en informática forense de la Procuración General.
Sin embargo, la defensa de Boveri sostiene que el acceso a esos aparatos se obtuvo de manera irregular y pidió que toda la evidencia extraída sea declarada nula por violar garantías constitucionales.
Según el expediente policial, durante el allanamiento realizado el 13 de marzo, el anestesiólogo entregó “espontáneamente” las claves de desbloqueo de sus dispositivos electrónicos. Pero los abogados del médico aseguran que la situación fue muy distinta.
En la presentación judicial, la defensa afirmó que Boveri fue presionado por efectivos policiales para brindar los códigos de acceso y cuestionó que la orden judicial habilitara únicamente el secuestro de los aparatos, pero no el interrogatorio sobre sus contenidos ni mecanismos de desbloqueo.
“De haber sabido que podía no hacerlo, jamás hubiera entregado las claves”, sostuvo el imputado, según consta en el escrito presentado ante la Cámara Criminal y Correccional.
Para los abogados, el procedimiento implicó una vulneración al derecho a no declarar contra sí mismo y una intromisión ilegal en la privacidad del acusado. En ese sentido, denunciaron que el médico fue “compelido” y “directamente presionado” por los investigadores.
El planteo ya había sido rechazado en primera instancia por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien lleva adelante la investigación. No obstante, la defensa apeló la decisión y ahora será la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional la que deberá resolver si mantiene la validez de la prueba o declara su nulidad.
La resolución será clave para el futuro del expediente, ya que el contenido de los dispositivos podría aportar elementos determinantes sobre el presunto circuito de desvío y utilización de propofol, un anestésico de uso hospitalario restringido.
Mientras tanto, la investigación avanza con otros elementos de prueba. Según fuentes judiciales, todavía no se realizó el peritaje sobre el teléfono de Delfina Lanusse por cuestiones de agenda técnica. En cambio, la Justicia ya cuenta con información extraída del celular de Alejandro Zalazar, el enfermero vinculado a las médicas investigadas que fue hallado muerto en febrero pasado en su departamento.
Hasta el momento, los testimonios de médicas residentes del Hospital Italiano continúan siendo una de las principales bases de la acusación contra Lanusse y Boveri, quienes fueron procesados por el juez Sánchez Sarmiento el mes pasado.
La defensa del anestesiólogo, además, dejó planteada la reserva del caso federal, lo que abre la posibilidad de que el conflicto llegue eventualmente a la Corte Suprema si la Cámara rechaza el planteo de nulidad.
