El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar decenas de leyes consideradas obsoletas ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá avanzar en el Senado. La iniciativa, conocida como “Ley Hojarasca”, fue promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone eliminar cerca de 70 normas que, según el Ejecutivo, perdieron sentido práctico, quedaron desactualizadas o nunca llegaron a aplicarse plenamente.
La propuesta forma parte del plan oficial de reducción del gasto público y simplificación administrativa, en línea con la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Qué busca la “Ley Hojarasca”
El objetivo central del proyecto es depurar el marco normativo argentino eliminando leyes que el Ejecutivo considera redundantes, anacrónicas o incompatibles con principios constitucionales actuales.
Según los fundamentos oficiales, muchas de estas normas fueron superadas por legislaciones posteriores, avances tecnológicos o cambios culturales y sociales. Otras directamente nunca fueron reglamentadas o quedaron en desuso hace décadas.
Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que mantener vigentes este tipo de leyes genera “ruido burocrático”, complejiza trámites y sostiene estructuras administrativas innecesarias.
Las leyes más llamativas que podrían derogarse
Entre las normas incluidas en el proyecto aparecen regulaciones curiosas y disposiciones históricas que hoy resultan prácticamente desconocidas.
Carnet obligatorio para mochileros
Una de las leyes más llamativas es la Ley 20.802 de 1974, que establecía un carnet obligatorio para quienes viajaran como mochileros solicitando ayuda de terceros para trasladarse con fines turísticos.
El Gobierno considera que la norma vulnera el derecho constitucional a la libre circulación y habilitaba controles policiales arbitrarios.
Registro estatal de palomas mensajeras
También se busca eliminar la Ley 27.171 de 2015, que obligaba a registrar oficialmente las palomas mensajeras de carrera y facultaba a la Federación Colombófila Argentina a controlar su matrícula y año de nacimiento.
Según el Ejecutivo, se trata de una “intervención estatal innecesaria” sobre actividades privadas y asociativas.
Televisión color y microfilmación
El proyecto deroga además leyes que autorizaban formalmente la transmisión de televisión en color y regulaban el uso de microfilmación en organismos públicos y fuerzas armadas.
Para el Gobierno, estas disposiciones quedaron completamente superadas por los avances tecnológicos.
Normas consideradas “inconstitucionales” o restrictivas
La iniciativa también apunta contra leyes que, según el oficialismo, contradicen libertades individuales o principios constitucionales.
Entre ellas:
- La Ley 20.120 de 1973, que exigía avisos y autorizaciones policiales para reuniones en lugares cerrados.
- La Ley 20.959 de 1975, que otorgaba privilegios de circulación y estacionamiento a legisladores nacionales.
- La Ley 14.034 de 1951, que establecía penas para argentinos que promovieran sanciones económicas o políticas contra el Estado.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que varias de estas normas reflejan lógicas autoritarias incompatibles con el sistema democrático actual.
Premios, fondos y organismos que perderían financiamiento
La “Ley Hojarasca” también propone eliminar o quitar financiamiento estatal a distintos organismos, programas y premios nacionales.
Entre ellos:
- El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
- La Federación Argentina de Municipios.
- El Premio Nacional a la Calidad.
- Incentivos culturales y programas turísticos históricos.
- Fondos específicos vinculados a actividades teatrales, náuticas o de promoción industrial.
Según el Gobierno, muchas de estas estructuras “carecen de utilidad actual” o pueden sostenerse sin aportes del Estado nacional.
El argumento oficial: menos burocracia y menos gasto público
El Ejecutivo asegura que la eliminación de estas leyes permitirá simplificar regulaciones, reducir costos administrativos y evitar superposiciones normativas.
Además, plantea que muchas actividades privadas no necesitan autorizaciones específicas del Estado cuando no afectan derechos de terceros.
La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia de “motosierra” impulsada por el oficialismo para achicar el tamaño del Estado y revisar organismos, subsidios y regulaciones históricas.
Ahora, el proyecto deberá ser debatido en el Senado para convertirse en ley.
