En el marco del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska que revoque la orden que obliga al país a recolectar mensajes personales y comunicaciones de funcionarios y ex funcionarios.
El pedido fue presentado ante el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, como parte del proceso de discovery relacionado con el extenso litigio por la estatización de YPF, ocurrido en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Preska había ordenado a fines de julio que Argentina entregue una serie de comunicaciones electrónicas —incluyendo correos personales, mensajes de WhatsApp y archivos de dispositivos móviles— de figuras clave como el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa.
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) explicó que se presentaron dos mociones de reconsideración. La primera apunta directamente contra el requerimiento de entregar comunicaciones almacenadas en cuentas y dispositivos personales de funcionarios, argumentando que la jueza pasó por alto un principio básico del derecho estadounidense: solo puede exigirse la entrega de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido. Según la PTN, el Estado argentino no tiene acceso ni control sobre dispositivos ni cuentas personales, y además, el derecho argentino protege esos bienes como propiedad inviolable.
La segunda moción cuestiona los pedidos de información sobre activos de la República que, según el Gobierno, no son susceptibles de ejecución. En este sentido, se hace referencia a jurisprudencia previa del caso NML Capital vs. Argentina, que limita el discovery solo a activos potencialmente ejecutables.
El objetivo de Burford Capital, fondo que financió la demanda y principal beneficiario del fallo, es identificar bienes del Estado argentino susceptibles de embargo, especialmente en el contexto del proceso de privatizaciones iniciado por la actual gestión.
Mientras tanto, el país obtuvo un alivio judicial a mediados de agosto: la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió que Argentina no deberá entregar las acciones de YPF mientras dure la apelación, sin necesidad de ofrecer otras garantías. Esta resolución, celebrada por el Ministerio de Economía, fue interpretada como un avance clave en la defensa de un activo estratégico.
La participación del gobierno de Estados Unidos como amicus curiae en apoyo de la posición argentina también fue destacada como un respaldo político y legal relevante en esta etapa del proceso.
La causa, que mantiene en vilo al país desde hace años, ya suma unos USD 18.000 millones en concepto de indemnización e intereses. Argentina continúa buscando revertir o mitigar los efectos del fallo, en una disputa que combina dimensiones jurídicas, económicas y políticas de alto impacto.
