La causa judicial que sacude al fútbol argentino llega esta semana a su momento más delicado. Este miércoles a las 11 horas, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino deberá presentarse de manera presencial ante el juez Diego Amarante en el Juzgado Penal Económico N° 5, ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950. Al día siguiente, el jueves 12 a las 12 horas, será el turno del presidente Claudio «Chiqui» Tapia. Ambas indagatorias son el cierre de una semana que comenzó el lunes con las declaraciones del ex secretario general Víctor Blanco y del actual secretario general Cristian Malaspina.
Una vez concluida la ronda de indagatorias, el juez Amarante tendrá diez días hábiles para resolver la situación procesal de cada imputado: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. La causa investiga la presunta apropiación indebida de aportes jubilatorios e impuestos por un monto de $19.353.546.843 correspondientes a 69 hechos cometidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Toviggino: quiso declarar por Zoom y la Cámara le dijo que no
El tesorero intentó por todos los medios evitar la exposición pública que implica llegar a tribunales. Su defensa pidió autorización para declarar por videoconferencia, argumentando que la comparecencia presencial representaba «un factor de riesgo» para su integridad física. El juez Amarante rechazó el pedido. La Cámara en lo Penal Económico —sala A, camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos— confirmó la decisión: Toviggino declara presencial, sin excusas.
El rol del tesorero es central en la causa. La gerente de Administración y Control de la AFA, Mónica Bouvet, declaró bajo juramento que las órdenes de pago —o la falta de ellas— dependían exclusivamente de Toviggino. Era él quien generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Era él quien daba la autorización verbal para transferir. Y durante 19 meses consecutivos, esa autorización no llegó.
Además, ARCA detectó irregularidades en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno de Toviggino que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares en el último régimen de sinceramiento fiscal. La firma fue declarada por la AFIP como «usina sin capacidad operativa económica y/o financiera» —en términos más simples: una empresa pantalla. En la causa también se investigan firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC, a través de las cuales se habrían canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino entre 2021 y 2025.
Tapia: cambió de abogado para ganar tiempo, pero declarará igual
El presidente de la AFA también intentó múltiples estrategias para evitar o postergar su indagatoria. La defensa presentó planteos de nulidad de la causa, pedidos de sobreseimiento y una excepción de falta de acción por supuesta inexistencia de delito. El juez rechazó todo. Cuando la Cámara tenía aún pendiente de resolución el recurso sobre la excepción de falta de acción, Tapia cambió de abogado defensor —reemplazó a Norberto Frontini y Lucio Simonetti por Luis Fernando Charró— lo que le permitió postergar su declaración del jueves 5 al jueves 12 de marzo.
Pero la prórroga se agotó. Tapia declara este jueves presencialmente.
La figura del presidente es clave porque los balances contables de la AFA —que exhibían la deuda fiscal acumulada en 19 meses— llevaban la firma conjunta de Tapia, el secretario general y el tesorero. Además, el expediente establece que Tapia administraba la clave fiscal institucional de la entidad. Las cuentas en el Banco Credicoop requerían firma conjunta de tres autoridades para mover fondos.
El argumento de la defensa y por qué el juez lo rechazó
Todos los directivos que declararon hasta ahora —Lorenzo, Malaspina y Blanco— usaron la misma estrategia: presentar un escrito, negarse a responder preguntas y señalar que las obligaciones tributarias no eran de su competencia según el estatuto. Blanco fue más lejos: citó el estatuto para apuntar directamente a Toviggino. «Las órdenes de pago requieren la firma del tesorero. Eso es Toviggino, no yo», fue la síntesis de su declaración.
Las defensas también argumentaron que el Ministerio de Economía y ARCA habían suspendido la ejecución fiscal para entidades sin fines de lucro, por lo que no habría delito. El juez Amarante fue taxativo al rechazarlo: la suspensión de la ejecución fiscal no elimina la obligación penal de depositar las retenciones.
La plata estaba — ese es el problema central
La querella de ARCA probó que la AFA tenía fondos más que suficientes. Solo en diciembre de 2024 la entidad recibió acreditaciones bancarias por $45.072 millones. En todo 2025, sus ingresos totales superaron los $453.449 millones. Durante el período investigado, la AFA mantenía inversiones en plazos fijos en pesos y dólares. Para la querella, la conclusión es inevitable: no hubo imposibilidad de pagar. Hubo decisión de no pagar. Y esa plata, en lugar de ir al fisco, generó rendimientos financieros para la entidad. De ahí el término que usa la acusación: «bicicleta financiera» con los aportes de los trabajadores.
El Mundial como telón de fondo
La causa judicial avanza a cuatro meses del inicio del Mundial de Fútbol de Estados Unidos 2026, del que Argentina es uno de los grandes protagonistas. El juez Amarante ya otorgó permiso especial a Tapia para viajar al torneo pese a la prohibición de salida del país. Si el magistrado resuelve procesarlo en los próximos diez días hábiles, la pregunta que queda abierta es si un presidente de la AFA procesado penalmente puede representar al fútbol argentino en el evento más importante del mundo.
