La senadora presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del organismo sudamericano y pidió una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la gestión del fútbol argentino.
La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes acusa de presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo continental.
La presentación solicita la apertura de una investigación preliminar y pone bajo la lupa la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto en el que ya existen causas judiciales en curso en la Argentina por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial. La semana pasada, en ese marco, fue allanada la sede de la AFA.
Según el escrito, la denuncia se apoya en documentación oficial y en expedientes judiciales abiertos, y describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, de acuerdo con Bullrich, comprometen los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.
Uno de los ejes centrales del planteo es la presunta utilización de empresas interpuestas para la adquisición y administración de bienes de altísimo valor económico, en operaciones que involucran a personas del entorno dirigencial de la AFA y a proveedores oficiales de la entidad.
Entre los casos destacados figura la investigación judicial sobre la sociedad Real Central S.R.L., integrada formalmente por Luciano Pantano —inscripto como monotributista— y Ana Lucía Conte —jubilada y beneficiaria de asistencia social—. Según la denuncia, la empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes incompatibles con la capacidad económica declarada de sus socios.
Dentro de esos activos se encuentra una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una importante colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.
La secuencia de transferencias del inmueble es otro de los puntos cuestionados: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez; en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L., proveedora oficial de la AFA; y menos de un año después fue transferido a Real Central S.R.L. Los socios de esta última fueron señalados en la causa judicial como presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento figuraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.
La denuncia también cuestiona contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. En particular, menciona el Boletín N.º 6089 de la AFA, del 25 de marzo de 2022, que da cuenta de la contratación directa de Malte S.R.L. por un monto aproximado de 550 mil dólares para la finalización de la instalación del sistema VAR. Si bien el documento oficial destaca la “reconocida trayectoria” de la firma, la presentación advierte sobre posibles vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.
Otro aspecto relevante es el crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial señalan un incremento exponencial de los activos de la empresa, que declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo —entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz— además de automóviles clásicos. En los procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de alta gama, siete motocicletas de gran cilindrada y dos kartings, todos a nombre de la sociedad. Según la denuncia, este perfil resulta “absolutamente incompatible” con la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano.
En paralelo, Bullrich menciona una causa judicial federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia. En ese expediente se realizaron más de treinta allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. La causa involucra a 17 clubes y analiza un esquema de préstamos sobredimensionados que habrían permitido canalizar fondos de origen ilícito hacia circuitos formales.
A estas investigaciones se suman observaciones administrativas de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según la denuncia, la AFA acumula ocho años de estados contables sin aprobación, con partidas observadas que incluyen gastos administrativos, pagos a árbitros, gastos de selecciones nacionales y aportes a FIFA y CONMEBOL. En total, se mencionan más de 111 millones de dólares sin adecuada justificación contable. Además, la Dirección General Impositiva presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por más de siete mil millones de pesos.
El escrito sostiene que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para intervenir, independientemente de las causas penales o administrativas en curso, y subraya que la existencia de investigaciones judiciales refuerza el deber institucional de analizar si las conductas denunciadas vulneran los principios éticos que rigen el fútbol sudamericano.
La presentación concluye solicitando la apertura de una investigación preliminar y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias si se comprueban las irregularidades. Bullrich dejó constancia de que la denuncia podrá ampliarse si surgen nuevos elementos probatorios durante el avance de las investigaciones.
