La medida fue ordenada por el juez federal Adrián González Charvay. Los agentes retiraron documentación clave de la empresa Flyzar para cotejarla con las declaraciones de los pilotos, que negaron haber trasladado a dirigentes del fútbol argentino.
La investigación judicial por la lujosa mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este lunes un nuevo capítulo. Pasadas las 11.10, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) finalizaron un operativo en el aeropuerto de San Fernando, donde retiraron documentación sensible del hangar de la empresa Flyzar, tal como había sido ordenado por la Justicia federal.
El procedimiento fue dispuesto por el juez de Campana, Adrián González Charvay, y tuvo como objetivo el secuestro de órdenes de vuelo y registros de pasajeros correspondientes a los helicópteros que aterrizaban con frecuencia en la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes judiciales, el operativo se desarrolló bajo un fuerte hermetismo. Los agentes fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, propietario de la firma aeronáutica, quien estuvo presente durante toda la diligencia. La documentación requerida fue entregada en un “sobre cerrado”, una modalidad poco habitual que, según argumentaron desde la empresa, buscó evitar filtraciones y resguardar la identidad de sus clientes VIP ante la alta exposición mediática del caso.
El material retirado es considerado clave para el avance de la causa. El juez González Charvay busca confrontar los registros oficiales de vuelos y pasajeros con las declaraciones que, tiempo atrás, realizaron los pilotos de las aeronaves cuando el expediente aún tramitaba en el fuero penal económico, bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
En aquellas indagatorias, los comandantes aseguraron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero y principal colaborador, Pablo Toviggino. Para explicar los reiterados aterrizajes en la quinta investigada, sostuvieron que se trataba de simples “vuelos de entrenamiento”, una versión que generó fuertes sospechas en los tribunales debido al elevado costo operativo de ese tipo de aeronaves.
La normativa aeronáutica establece que el control de pasajeros en hangares y helipuertos privados es responsabilidad de las empresas operadoras. Por ese motivo, si los documentos entregados por Flyzar confirman la presencia de dirigentes de la AFA en esos vuelos, la situación procesal de los pilotos podría complicarse por un presunto falso testimonio y se consolidaría el vínculo directo entre la cúpula del fútbol argentino y la propiedad bajo investigación.
La ruta del dinero y la hipótesis de los testaferros
El operativo en San Fernando forma parte de una batería de medidas ordenadas la semana pasada por el juez González Charvay, que incluyeron requerimientos de información a organismos públicos y privados, además de pericias contables y tasaciones inmobiliarias.
El foco de la causa está puesto en determinar la titularidad real de la mansión de Pilar y el origen de los fondos utilizados para su adquisición y mantenimiento. En los registros formales, el inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte.
Sin embargo, la Justicia detectó fuertes inconsistencias. La propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por un monto declarado de 1,8 millones de dólares, aunque una tasación oficial incorporada al expediente valuó el predio en cerca de 17 millones, una diferencia que no se corresponde con los ingresos declarados por los titulares registrales.
La principal hipótesis de los investigadores es que Pantano y Conte habrían actuado como prestanombres. A esto se suma el análisis de movimientos financieros que reveló que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, incluyendo pagos de peajes de vehículos vinculados a familiares directos del tesorero de la entidad.
Las nuevas medidas probatorias, incluido el análisis del “sobre cerrado” secuestrado este lunes, buscan determinar si existió una maniobra de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero que tendría como eje la estructura financiera del fútbol argentino.
