El fiscal federal Franco Picardi amplió la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y volvió a apuntar contra el exdirector Diego Spagnuolo, ya procesado, junto a otros exfuncionarios y más de 20 empresarios.
El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una nueva fase. El fiscal federal Franco Picardi solicitó este jueves al juez Ariel Lijo que cite a indagatoria a 27 personas —entre exfuncionarios del organismo y directivos de empresas proveedoras— en el marco de una causa que investiga un perjuicio al Estado estimado en $75.478.149.019. La cifra es el monto exacto de los fondos públicos que, según la acusación, fueron desviados de las arcas del organismo creado para asistir a personas con discapacidad.
Entre los principales vueltos a señalar figuran Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de ANDIS, el exsubdirector Daniel María Garbellini, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Los cuatro ya habían sido procesados en febrero de 2026 por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, quien los identificó como los presuntos jefes de una asociación ilícita. Sin embargo, la fiscalía detectó nuevos hechos que ameritan una profundización de los cargos.
«Se detectaron nuevas maniobras de corrupción que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.» — Dictamen del fiscal Franco Picardi
Qué pasó: el esquema que investiga la Justicia
La hipótesis de la fiscalía sostiene que la ANDIS funcionó como una «ventanilla administrada discrecionalmente» por los imputados para concentrar beneficios económicos en un grupo reducido de proveedores privados. El mecanismo habría sido sistemático: en lugar de realizar licitaciones abiertas, las compras se canalizaban a través de un sistema especial de contratación —las llamadas «compulsas de precios»— al que solo accedían cuatro o cinco droguerías preseleccionadas. Una vez garantizada la adjudicación a esas firmas, los precios de los medicamentos e insumos se inflaban progresivamente.
Las droguerías que habrían integrado el circuito cerrado son Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. Los productos involucrados incluyen insumos médicos de alto costo, sillas de ruedas y medicamentos destinados a personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves. Según el fallo de procesamiento dictado en febrero, el sistema de sobreprecios luego se completaba con «retornos»: las droguerías beneficiadas devolvían una parte del dinero percibido en efectivo —dólares o pesos billete— para financiar sobornos y gastos no registrados.
La investigación, que lleva siete meses, determinó que más de 20 empresarios con más de 30 firmas habrían integrado el entramado.
Sin embargo, el esquema no habría operado de manera aislada. Para el fiscal Picardi, existió una estructura delictiva organizada que requirió coordinación sostenida en el tiempo entre los funcionarios de la agencia y los representantes privados. El exdirector Spagnuolo, en esa reconstrucción, habría sido quien «permitió, consintió y supervisó» el direccionamiento de las compulsas de precios.
📌 — El caso antes de hoy La causa ANDIS se originó en agosto de 2025 a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en la filtración de audios atribuidos al propio Spagnuolo. En esas grabaciones, una voz lo identificaba diciendo «Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear». La defensa de Spagnuolo, conducida por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostuvo desde el inicio que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y solicitó la nulidad de la causa. En noviembre de 2025, Spagnuolo fue citado por primera vez a indagatoria. En febrero de 2026, el juez Casanello lo procesó junto a otros 18 acusados y trabó un embargo de más de $202.000 millones sobre sus bienes.
Qué se sabe de los nuevos citados a indagatoria
La nueva tanda de 27 indagatorias incluye una lista extensa de funcionarios menores y empresarios que habrían operado en los eslabones intermedios del entramado. Entre los nuevos nombrados figuran Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero y Hernán Darío Rasmussen. También integrantes de las familias Sagués —Mariano, Christian, Vicente y Lucas— y Bernat —Javier Antonio, Fernando Martín y Gustavo—, además de Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta, entre otros.
Para la fiscalía, estas personas conformarían el entramado empresarial que acompañó y sostuvo la maniobra central. En paralelo, Picardi solicitó medidas de prueba orientadas a determinar el circuito financiero completo, en particular ante la sospecha de maniobras de lavado de activos vinculadas al dinero desviado.
📌 — El papel de Ariel Lijo El expediente cambió de manos en las últimas semanas. Tras el procesamiento dictado por Casanello, la causa quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo, cuya reciente designación como ministro de la Corte Suprema generó controversia. Es ante Lijo que el fiscal Picardi presentó este nuevo pedido de indagatorias. La situación procesal añade una variable política de peso: Lijo deberá decidir si avanza o no con los nuevos llamados a declarar en una causa que ya vincula al entorno presidencial.
Cómo sigue la causa
La investigación lleva siete meses en marcha y ya acumula 19 personas procesadas. La nueva ronda de 27 indagatorias, de ser aceptada por el juez Lijo, implicaría una expansión significativa del proceso. Sin embargo, al cierre de esta nota no hay fecha definida para las nuevas declaraciones. Los resultados de los peritajes sobre el circuito financiero y la posible participación en lavado de activos serían determinantes para la siguiente etapa de la causa.
En paralelo, las defensas de los 19 ya procesados continúan su estrategia ante la Cámara Federal porteña, intentando revertir los procesamientos y la imputación de «asociación ilícita» como figura central de la acusación. Uno de los puntos sensibles que persiste en el expediente es el pedido de peritaje sobre audios en los que, según algunas de las partes, podrían surgir menciones a figuras del entorno presidencial más cercano, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por lo pronto, la causa ANDIS no da tregua: cada semana suma nuevos citados, nuevos montos y nuevas derivaciones políticas. Lo que comenzó con una filtración de audios en agosto de 2025 se convirtió en la investigación por corrupción más extensa que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei.
