El Ministerio de Seguridad nacional y la administración chubutense mencionaron la presencia de comunidades radicalizadas en el sur. Anunciaron fuertes sanciones para los responsables del incendio que ya arrasó más de 2.200 hectáreas.
El Gobierno nacional y la administración de Chubut señalaron la posible vinculación de los incendios forestales que afectan a la provincia con la presencia de grupos radicalizados y comunidades autoproclamadas mapuches en la zona. Aunque evitaron realizar imputaciones directas, ambas gestiones hicieron referencia a antecedentes de violencia en el área donde se originó uno de los focos, que ya consumió más de 2.200 hectáreas.
El gobernador Ignacio Torres confirmó que continúan activos dos incendios en la provincia, uno de ellos con origen intencional comprobado. Como consecuencia del avance del fuego, diez familias debieron ser reubicadas, mientras se coordina un operativo conjunto entre Nación y Provincia para contener las llamas.
Advertencias oficiales y acusaciones de radicalización
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, difundieron un comunicado en el que se menciona la existencia de “grupos terroristas identificados como comunidades mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.
Las declaraciones coincidieron con los dichos del gobernador Torres, quien habló de la presencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.
Recompensa y avance de la investigación
El Gobierno de Chubut anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten información certera que permita identificar a los responsables del incendio registrado en la zona de Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio provincial.
La causa es investigada de oficio por la justicia ordinaria chubutense, que ya incorporó documentación probatoria. En ese marco, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, vinculó los incendios con el hallazgo reciente de explosivos en zonas inhóspitas, que fueron secuestrados por la Policía local.
Además, los investigadores confirmaron que horas antes del inicio del fuego se recibieron amenazas telefónicas en una central de brigadistas forestales, en las que se anunciaban nuevos incendios. Esas comunicaciones forman parte del expediente judicial.
Antecedentes y aclaraciones oficiales
Durante los incendios ocurridos en 2025, el Ejecutivo provincial ya había relacionado hechos similares con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces y había señalado públicamente al mapuche Ernesto Cruz Cárdenas como presunto responsable. Aquella acusación generó fuertes cuestionamientos de comunidades indígenas y no prosperó judicialmente.
Cruz Cárdenas fue condenado por la usurpación de un predio de Parques Nacionales en El Maitenal, pero actualmente se encuentra en libertad. Desde agosto de 2025 no realizó apariciones públicas y, según fuentes de la investigación actual, “difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”.
Torres aclaró que sus declaraciones no alcanzan a todas las comunidades mapuches. “Con la enorme mayoría existe una buena convivencia. Son gente de trabajo, comunidades legalmente inscriptas y respetuosas de la ley”, subrayó.
Operativo nacional y causas del fuego
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) trabaja de manera coordinada con la provincia mediante el despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado.
“El 95% de los incendios forestales tiene origen humano”, señaló la cartera nacional. Y agregó: “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales, y el fiscal interviniente confirmó la presencia de acelerantes, lo que ratifica la intencionalidad del hecho”.
