El cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante argentina de neumáticos, abrió un nuevo frente político y económico para el Gobierno, que encuadra la decisión empresarial dentro de un proceso más amplio de “reconversión industrial” y apunta contra la dirigencia sindical por la crisis de la compañía.
La empresa de la familia Madanes Quintanilla anunció en la madrugada el cese inmediato de sus operaciones y el despido de sus 920 empleados, una noticia que generó fuerte impacto en el sector productivo y sindical. A diferencia de Bridgestone y Pirelli, Fate tenía una posición dominante en el mercado de reposición de neumáticos en el país.
Desde la Casa Rosada evitaron mostrarse sorprendidos por la decisión, aunque la Secretaría de Trabajo —que encabeza Julio Cordero— convocó a una audiencia virtual con las autoridades del directorio para este miércoles a las 12.30, con el objetivo de mediar en el procedimiento tras el anuncio.
El contexto político y la reforma laboral
En el oficialismo reconocen que el impacto político del cierre fue mayor por el momento en que se produjo: el mismo día en que la Cámara de Diputados avanzará con el dictamen de la reforma laboral. La central obrera CGT anunció un paro general para este jueves, cuando el proyecto se trate en el recinto.
“A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma”, deslizó un funcionario nacional. En la misma línea, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “¿Conspiranoico yo? Fin”.
En el Ejecutivo sostienen que la crisis de Fate no es reciente y recuerdan que la empresa había solicitado un procedimiento preventivo de crisis en 2019. También mencionan el estancamiento salarial que atravesaban sus empleados desde hace más de un año y una conflictividad gremial sostenida en el tiempo.
Señalamientos al sindicato
Las críticas oficiales apuntan especialmente al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), conducido por Alejandro Crespo. En 2022, el sector protagonizó un extenso conflicto que paralizó las plantas de las tres fabricantes del país. En aquel entonces, el titular de Fate había calificado la situación como un “neo-anarquismo que impide producir”.
“Lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”, afirmaron desde la cúpula del Poder Ejecutivo. En la misma línea, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, atribuyó el desenlace al “sistema laboral” vigente y cuestionó con dureza a la conducción sindical.
Reconversión y “destrucción creativa”
En el Gobierno insisten en que el caso debe leerse en el marco de un cambio de modelo económico. Recuerdan, por ejemplo, que el propio Milei celebró recientemente la derrota de Techint en una licitación frente a la firma india Welspun como señal de apertura y competencia.
Un alto funcionario describió el proceso como “schumpeteriano”, en referencia al economista Joseph Schumpeter y su teoría de la “destrucción creativa”, según la cual la innovación y la competencia eliminan actividades menos productivas para dar lugar a nuevas industrias.
Bajo esa lógica, el Ejecutivo sostiene que sectores como la minería, el petróleo y el agro se verán más favorecidos en la actual etapa macroeconómica, mientras que algunos polos industriales del conurbano bonaerense, Córdoba y Santa Fe enfrentarán mayores dificultades para competir con importaciones, especialmente provenientes de Brasil y China.
En ese marco, el asesor presidencial Santiago Caputo destacó días atrás el potencial del interior productivo, en sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien celebró inversiones millonarias en proyectos mineros en San Juan.
Riesgos sociales en la transición
Sin embargo, puertas adentro del oficialismo admiten que el tiempo entre el cierre de empresas consideradas “improductivas” y la creación de nuevas actividades puede generar tensiones sociales.
Los últimos datos oficiales muestran una caída del empleo asalariado registrado en el sector privado del 0,2% mensual en noviembre, con 13.100 puestos menos, y una reducción de más de 21.000 empresas con empleados desde diciembre de 2023.
En ese contexto, el paro convocado por la CGT podría elevar la conflictividad, más aún tras la controversia generada por uno de los artículos de la reforma laboral vinculado a las licencias médicas, que el Gobierno ya anticipó que retirará del proyecto.
El cierre de Fate se convierte así en un símbolo de la tensión entre dos modelos: uno que apuesta a la apertura y la reconversión productiva, y otro que advierte sobre los costos sociales de una transición acelerada. Mientras tanto, la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo será el primer intento formal por encauzar un conflicto que ya excede a una sola empresa.
