En el Informe de Gestión N.º 144 que presenta hoy Guillermo Francos ante Diputados, se ratificó que no están previstas actualizaciones de aranceles. La respuesta oficial genera malestar en medio del escándalo de corrupción en la ANDIS y tras el veto a la Ley de Emergencia.
En un clima de fuerte tensión política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles ante la Cámara de Diputados para brindar el Informe de Gestión N.º 144, con más de 1.300 preguntas enviadas por legisladores. Muchas de ellas giran en torno a las políticas sobre discapacidad, un área fuertemente golpeada por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre los puntos más sensibles del informe de 1.223 páginas, se confirmó de manera oficial que no están previstas nuevas actualizaciones de aranceles para prestaciones básicas en el corto plazo.
Sin aumentos ni definiciones concretas
El documento responde, entre otras, a las preguntas N.º 7 y 65, donde se consulta específicamente sobre posibles aumentos en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La respuesta del Ejecutivo fue clara: no hay acciones planificadas para incrementarlos.
“Hay un compromiso con la sostenibilidad del sistema y, en ese sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave”, señala el informe, que destaca que la última actualización se realizó en noviembre de 2024, con porcentajes mínimos:
- 1% retroactivo a octubre,
- 0,8% en noviembre,
- 0,5% en diciembre,
con un 20% adicional solo para la región patagónica.
La respuesta no incluye ningún compromiso de recomposición frente al atraso inflacionario ni detalla planes futuros de incremento.
Ajustes y recortes: la mirada del FMI
Uno de los ejes que más inquietan a los bloques legislativos es el impacto del ajuste fiscal sobre la población con discapacidad. Tal como adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Ejecutivo sólo contempla un eventual aumento en las prestaciones si se logran recortes en el sistema, especialmente mediante la baja de Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL).
Consultado sobre si el superávit fiscal se apuntalará con mayores controles de elegibilidad en la AUH y pensiones, el Ministerio de Economía se limitó a responder que el Gobierno apunta a «eficacia, eficiencia y economicidad», sin más precisiones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, se indicó que se prevé “una mejor focalización de la inversión y direccionamiento a las poblaciones que más lo necesiten” como estrategia para enfrentar la escasez de recursos.
Contexto: veto a la ley y escándalo en la ANDIS
La falta de aumentos fue conocida días después de que la Cámara de Diputados rechazara en primera instancia el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada tras las denuncias de recortes y demoras en pagos a prestadores. La norma podría ser reconsiderada en las próximas semanas en el Senado.
Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta una crisis interna por la filtración de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que expusieron un presunto esquema de coimas en la gestión de medicamentos y compras públicas dentro del organismo.
Aunque el informe que presenta Francos no aborda ese escándalo (los audios se conocieron luego del cierre del cuestionario), se espera que el tema domine el debate en el recinto, donde la oposición anticipó que pedirá explicaciones en vivo.
Casi 2 millones de personas con CUD
Según datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, actualizados al 1 de agosto de 2025, 1.855.978 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Las provincias con mayor cantidad de titulares son:
- Buenos Aires: 751.990 personas (40,5%)
- CABA: 180.691 (9,7%)
- Santa Fe: 135.361 (7,3%)
- Córdoba: 124.311 (6,7%)
- Mendoza: 91.317 (4,9%)
Las zonas con menor concentración incluyen La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
