La prórroga impide la aplicación de medidas de fuerza hasta el 26 de enero y busca sostener el diálogo entre el gremio y la empresa estatal EANA.
La Secretaría de Trabajo resolvió prorrogar por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto gremial que involucra a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). De este modo, la medida se extenderá hasta el 26 de enero a las 8 y mantiene suspendidas todas las posibles acciones sindicales.
La decisión implica que el gremio no podrá llevar adelante paros, retenciones de tareas ni reducciones de servicios durante la vigencia del nuevo plazo, mientras continúan las negociaciones entre las partes. Según la normativa vigente, el Gobierno cuenta con la facultad de disponer una prórroga adicional de la conciliación, en caso de considerarlo necesario.
En ese marco, la cartera laboral convocó a una nueva audiencia para el viernes 23 de enero a las 11, con el objetivo de evaluar el estado de las negociaciones y evitar afectaciones en los servicios de navegación aérea. Hasta entonces, el funcionamiento del sistema aeroportuario se mantendrá con normalidad.
Los servicios de navegación aérea están considerados esenciales, por lo que la legislación establece límites estrictos a las medidas de fuerza. En caso de que el conflicto no se resuelva una vez finalizada la conciliación, el sindicato deberá notificar cualquier acción gremial con al menos cinco días de anticipación y no podrá afectar a más del 45% de las operaciones totales.
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que la extensión de la conciliación apunta a preservar el diálogo y a proteger a los pasajeros y al sistema aeronáutico, especialmente en un período de alta demanda de vuelos. Durante este lapso, ATEPSA tiene prohibido impulsar cualquier acción que impacte en la operatoria aérea.
La EANA, por su parte, reiteró su voluntad de continuar las conversaciones y de alcanzar una solución consensuada que evite perjuicios a los usuarios. El conflicto se desarrolla en un contexto de especial sensibilidad para el sector, lo que motivó la intervención del Gobierno para garantizar la continuidad de un servicio crítico para el país.
