La Casa Rosada avanza con estrategias legales para evitar aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras el Senado se prepara para rechazar el veto presidencial. El oficialismo busca demorar los efectos de la norma hasta después de las elecciones.
El Gobierno nacional ya da por descontado que el Senado rechazará hoy el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con los números garantizados por la oposición, la Cámara alta se encamina a restituir una normativa que busca reforzar los derechos y prestaciones para personas con discapacidad hasta diciembre de 2027.
Ante ese escenario, el Ejecutivo acelera la preparación de una ofensiva judicial para evitar que la norma entre en vigor. Las áreas técnicas trabajan en la “letra chica” de la presentación judicial que, según trascendió, se apoyará principalmente en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta disposición exige que toda ley que implique un aumento del gasto público especifique sus fuentes de financiamiento.
“Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, advirtió Milei semanas atrás en una entrevista radial.
El mandatario considera que la normativa “viola la restricción financiera” al no establecer de forma clara de dónde saldrán los recursos para cubrir los gastos adicionales.
Un costo fiscal que el Gobierno no quiere asumir
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la implementación de la ley tendría un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. El Ejecutivo sostiene que esos fondos no están previstos ni en el presupuesto prorrogado de este año ni en las proyecciones para 2026, y que su incorporación comprometería el objetivo de déficit cero, eje central del programa económico libertario.
La estrategia judicial del Gobierno también busca ganar tiempo político, ya que las elecciones legislativas están a menos de dos meses y una aplicación inmediata de la ley afectaría su narrativa de ajuste.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa, aprobada por unanimidad en el Senado en julio, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre otras medidas, dispone:
- La regularización de pagos atrasados y actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
- Compensaciones de emergencia para prestadores.
- Financiamiento adecuado de Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
- Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Compatibilización de pensiones con empleo formal hasta cierto tope salarial.
- Inclusión de beneficios tributarios y facilidades para regularización de deuda de prestadores.
- Reforma de definiciones y procedimientos en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley también declara de interés público los servicios prestados en este sistema, obliga al Ejecutivo a reportar anualmente al Congreso sobre su ejecución presupuestaria y le permite reasignar partidas sin afectar otros servicios sociales.
Un debate clave en el Senado
El rechazo al veto presidencial se tratará como primer punto en la sesión de este jueves. La iniciativa ya fue respaldada por Diputados el pasado 20 de agosto con 172 votos a favor. Si el Senado insiste, se convertirá en la primera vez desde 2003 que un veto presidencial es rechazado por el Congreso, marcando un fuerte golpe político para Milei.
La sesión será presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y contará con la presencia de referentes de todos los bloques. Tras este debate, el Senado abordará otras iniciativas, como la reforma al régimen de decretos de necesidad y urgencia, modificaciones al régimen de retiro anticipado, y la ratificación de convenios fiscales con Francia y Austria.
Contexto de tensión y escándalos
Mientras se discute esta ley, el Gobierno enfrenta una creciente presión del sector vinculado a la discapacidad. La falta de actualización del nomenclador desde diciembre y los retrasos en los pagos han profundizado los reclamos. Además, el reciente escándalo por presuntas coimas en la ANDIS, con audios que vinculan a funcionarios con la droguería Suizo Argentina, aumentó la sensibilidad del tema.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado antes de la votación en Diputados que el Ejecutivo evaluaba un incremento en las prestaciones financiado con el ahorro generado por la baja de más de 100.000 pensiones por invalidez presuntamente mal otorgadas. Sin embargo, este ajuste todavía enfrenta demoras operativas y críticas de organizaciones sociales.
