España irrumpió en el debate internacional sobre el acceso de menores de edad a redes sociales con una batería de medidas que apuntan a reforzar los controles sobre las grandes plataformas digitales. El presidente Pedro Sánchez anunció la apertura de una investigación judicial contra X, Meta y TikTok por la difusión de contenidos ilícitos generados con inteligencia artificial, en particular pornografía infantil.
La iniciativa se inscribe en una tendencia global que busca limitar los riesgos digitales para niños y adolescentes, en medio de un debate cada vez más intenso sobre la responsabilidad empresarial, el alcance del control estatal y el rol de las familias en la supervisión del uso de tecnología.
El Gobierno español solicitó a la Justicia investigar el auge de la pornografía infantil creada con inteligencia artificial, un fenómeno que encendió alarmas entre autoridades y asociaciones de padres. Según se explicó en Infobae en Vivo, Sánchez presentó la medida como una respuesta urgente frente al “impacto en muchos jóvenes en España” y reclamó que los propietarios de estas plataformas —a quienes definió como “tecn oligarcas”— asuman mayor responsabilidad por los contenidos que circulan en sus servicios.
El marco europeo y los desafíos de control
En paralelo, España avanza en la implementación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que exige la creación de organismos nacionales de supervisión para controlar el cumplimiento de estándares de seguridad y transparencia. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos controles enfrenta obstáculos técnicos y legales.
Especialistas advierten que el alcance global de internet y la facilidad con la que los menores pueden sortear restricciones dificultan la fiscalización. A ello se suman problemas estructurales como la desinformación, la publicidad encubierta y la proliferación de contenidos violentos o sexuales.
Una tendencia que cruza fronteras
El caso español no es aislado. En Australia, se prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años y se establecieron multas para las empresas que no verifiquen la edad de sus usuarios. Francia fijó el límite en 15 años, mientras que Portugal exige control parental para menores de 16.
España avanza en una línea restrictiva similar, aunque su marco legal y los mecanismos de implementación aún se encuentran en desarrollo. El debate gira en torno a cómo proteger a los menores sin vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión.
Salud mental y adicción digital
Más allá de las medidas regulatorias, el fenómeno de la adicción digital se consolida como una preocupación transversal. Asociaciones de padres y expertos advierten que el apego al teléfono móvil ya no afecta solo a adolescentes, sino también a adultos, modificando hábitos cotidianos y dinámicas familiares.
En América Latina, y particularmente en Argentina, la discusión comienza a replicarse. Las posiciones oscilan entre quienes promueven mayores restricciones estatales y quienes sostienen que el eje debe ponerse en la educación digital y el acompañamiento familiar.
Para muchos especialistas, el desafío consiste en encontrar un equilibrio: establecer límites eficaces frente a riesgos comprobados —como la explotación sexual infantil o la exposición a contenidos dañinos— sin frenar el desarrollo tecnológico ni avanzar hacia esquemas de control excesivo.
Las nuevas regulaciones europeas evidencian un intento por redefinir responsabilidades en el ecosistema digital. Mientras tanto, la educación en el uso responsable de las redes y la transmisión de valores desde el ámbito familiar aparecen como herramientas clave en una problemática que ya trasciende fronteras.
