Mientras la ley vigente solo habilita el rechazo de tratamientos y los cuidados paliativos, iniciativas en el Congreso reabren un debate ético, médico y social sin consenso político.
En los últimos días, el debate sobre la eutanasia volvió a instalarse en la agenda pública argentina, impulsado por un caso reciente en España que reavivó la discusión a nivel internacional. En el país, la práctica continúa prohibida por ley, aunque existen herramientas legales que permiten a los pacientes rechazar tratamientos médicos o acceder a cuidados paliativos.
Actualmente, cuatro proyectos legislativos —tres en la Cámara de Diputados y uno en el Senado— buscan establecer un marco regulatorio para la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas cuenta con el consenso político necesario para avanzar en el Congreso.
La abogada y especialista en bioética Laura Massaro, integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano, explicó que el ordenamiento jurídico argentino no habilita la eutanasia. “La Ley de Derechos del Paciente, sancionada en 2009 y modificada en 2012, establece esa prohibición de manera específica”, señaló.
Uno de los proyectos en discusión define a la eutanasia como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, a partir de un pedido libre, informado y reiterado del paciente. También contempla el suicidio asistido, entendido como la provisión de esa sustancia para que sea el propio paciente quien la administre.
Todas las iniciativas apuntan a regular solicitudes de personas que padecen enfermedades graves, irreversibles o sufrimientos físicos o psíquicos persistentes. No obstante, en el estado actual del debate parlamentario, fuentes legislativas coinciden en que “no están los votos” para que alguno de los proyectos prospere.
El marco legal vigente
Desde 2009, la legislación argentina reconoce el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos médicos mediante directivas anticipadas. Este principio se vincula con el derecho a la autodeterminación, derivado del artículo 19 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, especialistas advierten que la denominada “ley de muerte digna” no habilita prácticas eutanásicas. “No permite provocar la muerte, sino establecer hasta dónde desea llegar el paciente con las intervenciones médicas”, aclaró Massaro.
En la práctica, las decisiones suelen tomarse en conjunto entre el paciente, el equipo de salud y, en muchos casos, la familia. Ante conflictos, pueden intervenir comités de ética para orientar la resolución.
Factores sociales y religiosos
El debate sobre la eutanasia enfrenta resistencias que no son exclusivamente jurídicas. Factores culturales, religiosos y sociales también influyen en la falta de consenso.
“Estas discusiones ya aparecieron en otros debates como el de la interrupción voluntaria del embarazo”, sostuvo Massaro, quien remarcó la dificultad social para abordar la muerte de manera abierta. En ese sentido, destacó la baja utilización de las directivas anticipadas, pese a estar vigentes desde hace más de una década.
Cómo serían los procedimientos
Los proyectos en análisis contemplan la objeción de conciencia para profesionales de la salud, así como procedimientos con múltiples instancias de evaluación.
Entre ellas, se incluyen la intervención del médico tratante, la opinión de un consultor independiente y la revisión por parte de una comisión especializada. Los plazos estimados entre la solicitud y la resolución podrían extenderse entre 15 y 20 días.
Además, se establece una distinción clara entre eutanasia —donde el profesional administra la sustancia— y suicidio asistido —en el que el paciente la autoadministra.
Experiencias internacionales y dilemas éticos
Modelos como el de España son tomados como referencia en el debate local, debido a sus mecanismos de control y garantías. Sin embargo, los casos concretos continúan planteando dilemas complejos, especialmente cuando se trata de padecimientos psíquicos irreversibles.
“En bioética no hay respuestas automáticas: cada situación requiere un análisis particular”, señaló Massaro.
En cuanto a su postura personal, la especialista afirmó: “Estoy a favor de la autonomía de las personas. Poder decidir en libertad y con información es fundamental”.
Mientras tanto, en Argentina el tema continúa abierto. Con proyectos en discusión pero sin acuerdos políticos, la eutanasia sigue siendo una práctica prohibida en un escenario atravesado por tensiones éticas, médicas y sociales que aún no encuentran una resolución definitiva.
