Mientras rige la huelga general convocada por la CGT y las dos CTA contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad confirmó que implementará el protocolo antipiquetes desde las primeras horas para garantizar la libre circulación y evitar cortes de calles y piquetes que obstaculicen el tránsito en zonas clave de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional confirmó que aplicará de forma preventiva y desde las primeras horas del paro nacional el denominado protocolo antipiquetes, una herramienta de seguridad que habilita a las fuerzas del Estado a intervenir cuando se produzcan interrupciones en la circulación de personas y vehículos durante manifestaciones en la vía pública.
La medida fue anunciada por fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad ante la inminente jornada de huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es garantizar la libre circulación de los ciudadanos y evitar que los cortes totales de calles y avenidas afecten la movilidad urbana y suburbana, especialmente en puntos neurálgicos como el centro porteño y las inmediaciones del Palacio Legislativo.
¿Qué implica el protocolo antipiquetes?
Según la resolución que respalda este protocolo, el comando habilitado para su aplicación —denominado Comando Unificado Federal (CUF)— está integrado por distintas fuerzas de seguridad bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También participan representantes de la Ciudad de Buenos Aires en las zonas de competencia.
Este comando tiene como misión organizar y coordinar despliegues especiales para intervenir en situaciones donde se detecten interrupciones de tránsito que puedan comprometer la seguridad y el derecho de circulación de terceros.
Una de las características del protocolo es que las fuerzas de seguridad pueden actuar sin orden judicial en el momento en que se produzcan piquetes o bloqueos que impidan la libre circulación de personas y vehículos. No obstante, la normativa especifica que no se permite el uso de armas letales en estas intervenciones.
Contexto de la medida
La implementación de este protocolo se da en el marco de una jornada de protesta de gran magnitud, que incluye el paro general de la CGT junto a las dos CTA y movilizaciones planificadas hacia puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en zonas del Congreso y del centro porteño.
La intención del Gobierno es asegurar que las expresiones de protesta se desarrollen sin que se afecte de manera excesiva el tránsito urbano, resguardando tanto el derecho a manifestarse como el de circular libremente para quienes no participan de las marchas.
Reacciones y tensiones
Hasta el momento, las organizaciones sindicales mantienen firme la convocatoria al paro y las movilizaciones, haciendo hincapié en su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. Por su parte, las autoridades insisten en que la aplicación del protocolo antipiquetes tiene como propósito principal preservar el orden y minimizar el impacto de los bloqueos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
