Martes 17 de noviembre de 2026
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Presión internacional sobre la Justicia argentina: la ONG Emisco exige la destitución del fiscal Arrigo

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El desempeño del Ministerio Público Fiscal en la instrucción del caso Rudnev acaba de escalar hacia un conflicto institucional de proporciones internacionales. La actuación del fiscal federal de Bariloche, Oscar Fernando Arrigo, fue formalmente denunciada ante la Procuración General de la Nación por la organización europea de derechos humanos EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion). Mediante un extenso escrito enviado el 2 de noviembre y radicado oficialmente al día siguiente bajo el expediente CUDAP: EXP-MPF:0001625/2026 en la Secretaría Disciplinaria y Técnica, la entidad exige sanciones severas y el apartamento definitivo del magistrado de la causa por presunta trata de personas.

El desempeño del Ministerio Público Fiscal en la instrucción del caso Rudnev acaba de escalar hacia un conflicto institucional de proporciones internacionales.

La ong Emisco exige la destitucion del fiscal Arrigo

La auditoría fue impulsada por Bashy Quraishy, secretario general de EMISCO, una organización de la sociedad civil fundada en La Haya en 2010, con sede en Estrasburgo y con participación activa en ámbitos del Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El documento destapa fallas estructurales que, según los denunciantes, quiebran el principio de objetividad del Ministerio Público Fiscal y evidencian los peligros de utilizar la etiqueta de «secta» para estigmatizar a grupos minoritarios.

El primer y más grave cuestionamiento apunta al ocultamiento y manipulación procesal del testimonio de Elena Makarova, la ciudadana rusa que el Estado insiste en catalogar como supuesta víctima de trata. EMISCO denuncia formalmente que la Fiscalía desatendió y ocultó presentaciones cruciales donde Makarova rechazaba expresamente su condición de víctima. Según el escrito, la mujer envió una carta manuscrita el 13 de junio de 2025 dirigida al juez federal Gustavo Zapata pidiendo ser excluida de la acusación. Si bien el documento fue remitido a la Fiscalía cuatro días después, no habría sido notificado oportunamente al magistrado.

Las irregularidades en torno a Makarova continuaron en septiembre de 2025, cuando la joven promovió una recusación cuestionando la actuación fiscal. EMISCO detalla que la mujer denunció presiones institucionales para aceptar ser víctima, restricciones absolutas para comunicarse con su abogado y situaciones de aislamiento junto a su hijo recién nacido. Pese a la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía se negó por escrito a participar de una audiencia de escucha celebrada el 19 de septiembre de 2025.

El segundo eje de la presentación ataca el uso abusivo de las medidas de coacción estatales. La organización documentó las intervenciones del Ministerio Público entre abril de 2025 y junio de 2026, cuestionando la sistemática insistencia de Arrigo y su equipo por prolongar la prisión preventiva sin evaluar alternativas menos restrictivas. El escrito detalla que el 17 de octubre de 2025 el juez Zapata concedió a Konstantin Rudnev el arresto domiciliario con vigilancia electrónica, pero la Fiscalía lo impugnó hasta lograr su revocación. En abril de 2026, la medida morigerada fue dictada nuevamente, pero los fiscales recurrieron ante la Cámara Federal de Casación Penal, que la revocó el 4 de junio, violando, según EMISCO, los principios de necesidad y proporcionalidad.

En un tercer apartado, la ONG acusa a la Fiscalía de actuar con negligencia funcional frente al gravísimo deterioro de la salud de Rudnev. La denuncia exige investigar por qué el Ministerio Público exigió sostener el alojamiento penitenciario ignorando deliberadamente estudios de neurología, cardiología y traumatología que acreditan daño nervioso en ambas manos, problemas cardiovasculares y severas dificultades de movilidad. El ocultamiento culminó al ignorar el informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal emitido el 8 de octubre de 2026, el cual concluyó tajantemente que el detenido «no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario».

Para EMISCO, la responsabilidad de Arrigo como titular de la dependencia es ineludible, independientemente de que las posiciones hayan sido sostenidas en audiencias por sus fiscales auxiliares, Gustavo Révora y Tomás Labal. La ONG exige determinar si Arrigo consintió estos actos, solicitando que su accionar sea evaluado a la luz de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas.

Este reclamo administrativo no es un hecho aislado. Se suma a una denuncia disciplinaria previa impulsada por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR), la cual aportó 29 anexos documentales contra el mismo fiscal. Con la denuncia ya registrada y en manos de la Procuración General, el futuro de Arrigo al frente de la causa de Bariloche pende de un hilo mientras se evalúa la apertura de un sumario administrativo.

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