El cantante Julio Iglesias, una de las figuras más reconocidas de la música en español, presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por considerar que sus declaraciones públicas le atribuyeron de forma indebida delitos de “abusos sexuales” y haber mantenido a trabajadoras en “situación de esclavitud”. La acción legal se produce luego de que la Fiscalía archivara una denuncia contra Iglesias por falta de competencia jurisdiccional, aunque la controversia siguió escalando en el plano político y mediático.
El origen de la demanda
La demanda tiene su origen en mensajes difundidos por Díaz a través de la red social Bluesky y en medios de comunicación, donde la vicepresidenta hizo alusión a testimonios de dos extrabajadoras del cantante que hablaban de presuntos “abusos sexuales” y de una “estructura de poder basada en la agresión permanente” a su servicio doméstico.
Una de las publicaciones señalaba:
“Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
La defensa de Iglesias sostiene que estas declaraciones, realizadas por un alto cargo del Estado, vulneraron la presunción de inocencia y afectaron de manera grave su honor, imagen y reputación social, incluso después de que la Fiscalía archivara las diligencias interpuestas por las trabajadoras por falta de jurisdicción competente.
Peticiones de Julio Iglesias
En el escrito presentado ante los tribunales de Madrid, la defensa legal de Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, exige tres puntos claves:
- El reconocimiento expreso del daño causado a su honor y reputación.
- La retractación pública de las declaraciones injuriosas, con la misma difusión mediática en la que fueron emitidas.
- Una indemnización económica proporcional al alcance de los mensajes difundidos.
El abogado sostiene que las manifestaciones de Díaz contienen expresiones que constituyen injurias con publicidad y calumnias, y que podrían justificar la presentación de una querella penal si no se alcanza un acuerdo en la fase de conciliación obligatoria ante la justicia.
Respuesta y defensa de Yolanda Díaz
Frente a la demanda, la vicepresidenta Díaz se mantuvo firme en su postura. Según sus propias declaraciones, su compromiso con la defensa de las trabajadoras y de los derechos de las mujeres es innegociable.
A través de su cuenta en Bluesky, Díaz afirmó:
“Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”.
La ministra dejó claro que no se retractará ni disminuirá su posición pese a las acciones legales en su contra, y subrayó que su intención es respaldar a quienes, a su juicio, han sufrido vulneraciones de derechos.
Un caso que combina política, reputación y ley
La demanda de Iglesias no solo tiene un componente jurídico, sino también político y simbólico. La figura de Díaz —como alta funcionaria del Estado— y su expresión pública en medios y redes sociales generan un debate sobre los límites de la libertad de expresión de un cargo público cuando se refiere a presuntos delitos no probados judicialmente.
Especialistas en derecho penal y procesal civil señalan que una demanda de conciliación por injurias y calumnias en este contexto supone un paso formal previo a una querella, y que su resultado puede tener implicancias tanto para el cantante como para la imagen institucional de la ministra.
El contexto de las denuncias originales
Las denuncias que motivaron los comentarios de Díaz fueron presentadas por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acusando a Iglesias de agresiones sexuales, acoso y violaciones de derechos laborales. Sin embargo, la Fiscalía archivó la causa en enero de 2026 tras considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos, lo que excluye por el momento una investigación penal sobre el fondo de las acusaciones.
Este archivo, sin embargo, no ha frenado la polémica mediática, que ha derivado en la actual demanda del artista contra la vicepresidenta.
Implicancias legales y mediáticas
El caso plantea un debate sobre la responsabilidad política y el respeto a la presunción de inocencia, especialmente cuando declaraciones de alto impacto son realizadas por figuras públicas con alta visibilidad mediática.
Analistas legales destacan que, aunque el archivo de la Fiscalía no prejuzga la veracidad de los hechos, sí marca que no hubo competencia para investigar, lo que torna más compleja la narrativa pública sobre posibles delitos no probados.
Si Díaz no accede a las peticiones de rectificación y compensación, la defensa de Iglesias podría avanzar con una querella criminal por injurias y calumnias, lo que elevaría aún más la confrontación jurídica.
