La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió retirar la medida cautelar que impedía la difusión de audios que le fueron atribuidos y que, según el Gobierno, habrían sido obtenidos ilegalmente dentro de la Casa Rosada.
En una presentación ante el juez Alejandro Maraniello, quien había concedido la medida días atrás, Milei sostuvo que los audios difundidos no comprometen su intimidad ni afectan la seguridad nacional. Sin embargo, reiteró que se trató de una operación de inteligencia ilegal con fines políticos y personales, actualmente bajo investigación penal.
La decisión de levantar la cautelar se produjo luego de críticas generalizadas por parte de entidades periodísticas, juristas y referentes del ámbito político, quienes consideraron la medida como un intento de censura previa.
Una operación denunciada como “maniobra golpista”
A comienzos de septiembre, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal la existencia de una supuesta operación de inteligencia dirigida a grabar conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios nacionales. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo habría sido desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, expresó Adorni en redes sociales.
El Ministerio de Seguridad, por su parte, afirmó en la denuncia penal que naturalizar estas prácticas sería equivalente a “legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”.
Preocupación interna y estrategia oficial
La preocupación del Gobierno no se centró tanto en el contenido de las grabaciones —que en su mayoría no han sido desmentidas—, sino en el hecho de que podrían existir registros similares de otros funcionarios, incluidos ministros clave. En la Casa Rosada temen que se trate de una red más amplia de espionaje interno.
La alarma derivó en reuniones de emergencia en Balcarce 50, con la participación de Adorni, el asesor presidencial Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros. La estrategia legal y política se terminó de delinear al día siguiente, con la intervención de la Procuración del Tesoro.
El Gobierno denunció que estas grabaciones forman parte de una “burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, y que su objetivo fue “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar la política económica e incidir en el proceso electoral”.
Un contexto electoral sensible
La difusión de los audios se produjo a pocas semanas de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y a menos de dos meses de los comicios nacionales del 26 de octubre. El Gobierno sospecha que el momento de la filtración no fue casual, sino calculado para impactar en el proceso electoral.
Aunque Karina Milei desistió de mantener la cautelar, el Ejecutivo no da por cerrada la polémica. En su nueva presentación ante el juez Maraniello, se reafirmó que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y con fines extorsivos.
La causa penal sigue en curso, y en el entorno oficial se preparan para la eventual aparición de nuevos audios en los próximos días.
