La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia cuestionó al inspector general Daniel Vítolo y denunció el uso de un procedimiento administrativo como mecanismo de presión política. “Es falso que la AFA se escapó”, afirmó en relación con el cambio de jurisdicción.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió formalmente a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y profundizó el conflicto con el organismo de control, en una disputa que escaló al plano político y volvió a poner bajo la lupa el manejo de los fondos del fútbol argentino.
La controversia gira en torno a la supervisión de los balances de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol. Según la IGJ, a cargo de Daniel Roque Vítolo, existen partidas globales en los estados contables que superan los USD 450 millones acumulados en los últimos ocho años y que carecerían del detalle requerido.
“Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”, sostuvo Vítolo en declaraciones a Infobae.
Desde la AFA aseguran que la intimación fue acompañada por fuertes cuestionamientos públicos del inspector general y, en ese contexto, presentaron un descargo formal correspondiente a los ejercicios contables 2017–2023. En un comunicado, la entidad afirmó que su objetivo es “clarificar la situación ante las asociaciones afiliadas y la opinión pública”, con respaldo en documentación verificable y actos administrativos oficiales.
La conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia sostiene que todos los balances fueron presentados en tiempo y forma y que no existe incumplimiento alguno. Además, afirma que solo una observación fue notificada conforme a la normativa vigente y que fue respondida de inmediato. También destacó que la IGJ emitió de manera regular certificados de vigencia y domicilio, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones formales.
“La realidad es exactamente la contraria a la que se pretende instalar: jamás se nos requirió información alguna durante todo este tiempo”, sostiene el comunicado, que rechaza de plano las acusaciones de maniobras evasivas y denuncia la inexistencia de notificaciones válidas.
El cambio de jurisdicción
Uno de los puntos centrales del conflicto es el traslado de la sede legal de la AFA desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. La asociación explicó que la asamblea que aprobó el cambio fue fiscalizada por veedores de la IGJ y que toda la documentación fue avalada por el propio organismo. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas aprobó el trámite y notificó formalmente a la IGJ.
En ese sentido, la AFA sostiene que cuestionar ahora el traslado carece de sustento legal y rechaza cualquier insinuación de fuga o elusión de controles. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcó la entidad.
Diferencias contables y advertencias oficiales
Desde la IGJ, en cambio, insisten en que la magnitud de los montos involucrados y la falta de desagregación en partidas globales ameritan un análisis más profundo, tanto de la AFA como de los auditores externos que validaron los balances. Vítolo señaló que se requieren explicaciones técnicas vinculadas a la trazabilidad de los fondos y a la prevención del lavado de dinero, en el marco de investigaciones penales en curso.
La AFA respondió que muchas de esas observaciones nunca le fueron notificadas formalmente y que varios expedientes fueron archivados sin procedimiento alguno. También denunció demoras superiores a los 700 días hábiles por parte de la IGJ para analizar la documentación presentada, lo que —según la entidad— hace imposible responder a requerimientos inexistentes.
Vítolo advirtió que, si no se obtiene una respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable para investigar los libros y documentos de la AFA y de la Liga Profesional. “Si no contesta la AFA, seguramente propondremos la designación de un veedor contable”, afirmó.
La AFA rechaza esa posibilidad y sostiene que cualquier control debe realizarse respetando las competencias y el debido proceso. Considera que la exposición pública de acusaciones sin respaldo documental constituye una forma de presión mediática y no un ejercicio transparente de fiscalización.
Comparaciones y contexto judicial
La IGJ llegó a comparar el caso con el escándalo del FIFA Gate. Según Vítolo, de comprobarse desvíos de fondos u operaciones irregulares, el impacto podría superar al caso internacional, que involucró unos USD 200 millones, mientras que las partidas bajo análisis en la AFA superan los USD 400 millones.
El funcionario aclaró, no obstante, que cualquier responsabilidad sería individual y recaería sobre dirigentes, miembros del Consejo Directivo y fiscalizadores, sin comprometer a la institución en su conjunto.
Desde la AFA insisten en que están dispuestos a responder por los canales institucionales y cuestionan el uso político y mediático del conflicto. Sostienen que las acusaciones públicas contradicen los propios actos administrativos previos de la IGJ y carecen de pruebas documentales.
En paralelo al conflicto administrativo, existen varias causas judiciales que investigan el manejo de fondos de la AFA y de sus autoridades. Sobre ese punto, Tapia se refirió públicamente por primera vez este lunes: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, afirmó.
