El juez federal Sebastián Ramos libró un exhorto internacional a Washington, ante versiones sobre el traslado del líder venezolano a territorio norteamericano tras su detención
La Justicia argentina dio este miércoles un paso de fuerte impacto político y geopolítico en la causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de traerlo a la Argentina para que preste declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad.
La resolución, fechada este 4 de febrero de 2026 y a la que accedió este medio, se apoya en información judicial que indica que el líder del régimen chavista habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado, privado de su libertad, a suelo estadounidense. Frente a ese escenario, los tribunales de Comodoro Py activaron de manera urgente los mecanismos de cooperación internacional para garantizar su sometimiento a proceso penal bajo el principio de jurisdicción universal.
El exhorto a Washington
En su escrito, Ramos ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos “a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”. La solicitud se fundamenta en el Tratado de Extradición vigente entre la Argentina y los Estados Unidos, suscripto el 10 de junio de 1997, que habilita el pedido formal de entrega de personas imputadas por delitos graves.
El objetivo central es que Maduro comparezca ante la Justicia argentina para cumplir con la declaración indagatoria, una instancia clave del proceso penal. Esa citación había sido ordenada originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y fue ratificada el pasado 15 de enero de 2026.
Para evitar demoras administrativas, el magistrado dispuso la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación anexa, y ordenó que el trámite se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo encargado de la diplomacia judicial.
La aplicación de la jurisdicción universal
La decisión del juez Ramos se enmarca en una orden expresa de la Cámara Federal. En la causa CFP 2001/2023, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens resolvieron aplicar el principio de justicia universal, una doctrina del derecho internacional que habilita a los Estados a juzgar crímenes de lesa humanidad —como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política— más allá del lugar donde se hayan cometido.
Según el fallo, la Justicia argentina considera acreditado que en Venezuela no existen garantías judiciales para investigar estos delitos, ya que el Poder Judicial se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo, lo que asegura la impunidad del régimen.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, a la que se sumaron los testimonios de víctimas directas del aparato represivo venezolano que lograron refugiarse en la Argentina. La querella representa a familias afectadas por acciones atribuidas a organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.
Alertas rojas y otras medidas
En la resolución firmada este miércoles, Ramos también dispuso notificar lo actuado a la oficina de Interpol de la Policía Federal Argentina, ratificando la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios del régimen, entre ellos Diosdado Cabello.
Asimismo, el juez puso en conocimiento de la medida al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas. En paralelo, rechazó presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales para intervenir en el expediente, con el objetivo de concentrar la acción judicial exclusivamente en el proceso de extradición del exmandatario venezolano.
