La reforma laboral avanza hacia su aprobación definitiva, pero el debate ya se trasladó del Congreso a los tribunales. La falta de precisiones sobre su aplicación a contratos vigentes y la ausencia de una cláusula expresa que limite sus efectos a relaciones laborales futuras abrieron la puerta a una eventual ola de litigios.
La discusión quedó expuesta durante el programa Infobae a la Tarde, donde se anticipó un escenario de alta conflictividad judicial. La pregunta central es sencilla pero determinante: ¿la nueva ley se aplicará únicamente a los contratos celebrados después de su promulgación o también impactará sobre relaciones laborales ya existentes?
El vacío sobre la vigencia y la retroactividad
Uno de los puntos más sensibles es que el texto aprobado no establece de manera explícita su criterio temporal de aplicación. Durante el debate en comisión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que la norma “claramente va a aplicar para los nuevos trabajos” y que los empleos anteriores conservarán “los derechos consagrados en su legislación”. Sin embargo, esa aclaración no quedó plasmada en el articulado final.
El senador Mariano Recalde advirtió que esa omisión podría derivar en presentaciones judiciales. La oposición propuso incorporar un artículo que especificara que la reforma regiría únicamente para contratos celebrados con posterioridad a la promulgación, pero el oficialismo rechazó modificaciones en el recinto.
La ausencia de esa precisión deja abierto un interrogante clave: si un trabajador contratado bajo el régimen anterior es despedido tras la entrada en vigencia de la nueva ley, ¿qué sistema indemnizatorio corresponde aplicar?
El rol de la Corte Suprema y la alineación jurisprudencial
Otro punto que genera debate es el artículo 89, que establece que los jueces laborales deberán adecuar sus fallos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo oficial es unificar criterios y evitar interpretaciones divergentes dentro del fuero laboral.
Sin embargo, especialistas señalan que esta disposición también podría convertirse en un nuevo eje de discusión constitucional, especialmente si se interpreta como una limitación a la independencia judicial.
Tres escenarios posibles de conflicto
Desde el punto de vista técnico, los abogados laboralistas identifican al menos tres situaciones potencialmente conflictivas:
- Juicios laborales ya iniciados con sentencia firme.
- Juicios en trámite sin sentencia definitiva.
- Relaciones laborales iniciadas antes de la reforma pero extinguidas con posterioridad a su entrada en vigencia.
En estos últimos dos casos, la determinación de la ley aplicable podría derivar en planteos de inconstitucionalidad o en reclamos por afectación de derechos adquiridos.
La estrategia sindical y la no regresividad
La Confederación General del Trabajo (CGT) ya anticipó que analiza una impugnación judicial integral de la reforma. El eje del cuestionamiento sería el principio de no regresividad en materia de derechos laborales, que impide reducir el nivel de protección previamente reconocido a los trabajadores.
El antecedente inmediato es la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que también introducía modificaciones laborales y fue objetado por la central obrera. Aunque en este caso la reforma atravesó el trámite parlamentario completo —lo que debilita el cuestionamiento formal—, los planteos de fondo podrían reactivarse.
Indemnizaciones, banco de horas y dudas prácticas
Más allá de las discusiones constitucionales, el impacto concreto sobre indemnizaciones, banco de horas y régimen de horas extras genera incertidumbre entre trabajadores y empleadores. La conflictividad podría activarse cuando una empresa aplique el nuevo esquema y un trabajador considere que se vulneran condiciones pactadas bajo el régimen anterior.
En ese contexto, la reglamentación presidencial aparece como una herramienta clave para reducir ambigüedades. Una aclaración explícita sobre la aplicación temporal de la ley podría atenuar la litigiosidad, aunque no eliminarla por completo.
Un escenario abierto
Con la aprobación parlamentaria prácticamente asegurada, el foco ahora se desplaza a los tribunales. La combinación de ambigüedad normativa, tensiones constitucionales y antecedentes recientes sugiere que la reforma laboral no cerrará su debate en el Congreso, sino que probablemente continúe en la Justicia.
La incógnita ya no es si habrá judicialización, sino cuál será su alcance y qué impacto tendrá en la implementación efectiva del nuevo régimen laboral.
