Parlamentarios chilenos manifestaron su preocupación por el avance del proyecto Chile–China Express (CCE), una iniciativa de cable submarino de fibra óptica que busca conectar directamente Valparaíso con Hong Kong y que es impulsada por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) con respaldo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Legisladores de la oposición advirtieron sobre sus implicancias estratégicas, geopolíticas y de seguridad, y exigieron que el proyecto sea investigado en profundidad.
A comienzos de julio del año pasado, ISS —una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos— presentó ante la empresa estatal Puerto Valparaíso los avances del CCE, que promete velocidades de hasta 16 terabits por segundo, mayor confiabilidad y una reducción de costos en la transmisión de datos. Según sus promotores, el cable permitiría posicionar a Chile como un hub digital regional dentro de la red global de telecomunicaciones.
Durante esa presentación, el gerente general de ISS, Víctor Oelckers, sostuvo que el proyecto también apunta a fortalecer la autonomía digital del país. “Hoy día los únicos cables submarinos que tenemos dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso de que le ocurra algo a esos enlaces”, explicó, según consignó el sitio especializado Portal Portuario.
Avances con escasa información pública
El gobierno de Boric ya impulsa otro proyecto de cable submarino: el Cable Humboldt, desarrollado junto a Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa, que conectará Valparaíso con Sídney pasando por Tahití y que se espera esté operativo en 2027.
Sin embargo, a diferencia del Humboldt —que fue anunciado públicamente, con cronograma, inversión estimada entre USD 300 y 550 millones y socios claramente identificados—, el Chile–China Express avanzó con fuerte hermetismo. En los registros de la industria figura como una iniciativa “en progreso”, sin información detallada sobre su financiamiento, consorcio ni términos contractuales, y sin anuncios oficiales por parte del Ejecutivo.
Ese secretismo encendió alarmas en sectores políticos y estratégicos, ya que el CCE no es visto como un cable más, sino como un proyecto que podría otorgar a China control sobre nodos de transmisión críticos.
Riesgos geopolíticos y de seguridad
Las preocupaciones se intensifican por el marco legal chino. Desde 2017, China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado y establece requisitos de almacenamiento, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica. A ello se suma la Ley de Inteligencia Nacional, que exige la colaboración activa de cualquier empresa —dentro o fuera del país— con las actividades de inteligencia de Pekín.
En la práctica, advierten los legisladores, esto implica que los datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas podrían quedar a disposición del Estado chino, sin que los usuarios ni los países interconectados tengan capacidad real de impedirlo.
En el caso chileno, el impacto no sería solo doméstico. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico de datos enrutado a través del Chile–China Express, lo que transforma al proyecto en un asunto de alcance regional.
“Un proyecto incómodo”
Uno de los primeros en alzar la voz fue el senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, quien calificó al CCE como un proyecto “incómodo” y exigió que el nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast lo “corrija con urgencia”.
En una columna publicada en julio de 2025 en el medio El Líbero, Kusanovic advirtió sobre las implicancias estratégicas del cable, especialmente “en los meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación irresponsable con Estados Unidos”, vínculo que —remarcó— Chile históricamente cuidó por razones de interés nacional.
El senador recordó además que en 2017, empresas estratégicas chinas invitaron al entonces candidato presidencial Gabriel Boric a visitar instalaciones tecnológicas, lo que interpretó como “una señal de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno”.
“Los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos que permiten acceder a información sensible, ejercer vigilancia y proyectar poder”, advirtió. “En un mundo tensionado entre China y Occidente, Chile no puede transformarse en terreno de disputa”.
Kusanovic también cuestionó que el trazado del Cable Humboldt haya excluido a Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández, territorios que —según sostuvo— forman parte clave de la soberanía oceánica chilena. “Excluirlos refleja una preocupante disposición a privilegiar intereses externos por sobre los nacionales”, señaló.
Reclamos al próximo gobierno y al Congreso
En diálogo con Infobae, Kusanovic volvió a denunciar el secretismo de la administración Boric y reclamó al futuro gobierno de Kast una revisión inmediata del proyecto. “No ha existido una conducción institucional clara ni transparente. Las decisiones se tomaron por impulsos presidenciales, sin una defensa coherente del interés nacional”, afirmó.
El senador también advirtió sobre la creación en Chile de una filial de China Mobile, con un capital inicial de USD 3 millones. “No es una señal inocente. Se está preparando una alternativa al proyecto Humboldt, pese a que el Estado chileno ya comprometió recursos públicos”, sostuvo.
En paralelo, el diputado republicano Hotuiti Teao solicitó que, tras el receso legislativo, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados realice una sesión secreta para analizar los antecedentes del proyecto.
“Se trata de infraestructura crítica de telecomunicaciones, con participación de un actor extranjero en un ámbito sensible y sin una evaluación pública conocida en materia de seguridad o ciberseguridad”, señaló Teao, quien remarcó además la exclusión de Rapa Nui (Isla de Pascua) y del archipiélago Juan Fernández del trazado proyectado.
“Estos factores justifican plenamente que el Congreso ejerza su función fiscalizadora con el nivel de reserva y profundidad que corresponde”, concluyó el legislador.
