Tras la aprobación en Diputados, el peronismo y los bloques dialoguistas apuntan a modificar dos puntos clave del proyecto: la eliminación de los pisos mínimos de gasto en áreas sensibles y los nuevos controles sobre el financiamiento universitario.
El Senado se prepara para una sesión decisiva este viernes, en la que el oficialismo intentará sancionar dos iniciativas centrales para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de “Inocencia Fiscal”. Sin embargo, el foco del debate estará puesto en el proyecto presupuestario, donde al menos dos artículos generan una fuerte resistencia en sectores de la oposición y en bloques considerados dialoguistas.
El principal punto de conflicto es el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento establecidos por ley para áreas como Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Actualmente, la normativa vigente obliga a destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto a educación técnica y el 0,8% del gasto total al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. De aprobarse el artículo, esos porcentajes dejarían de ser obligatorios.
El texto del Presupuesto impulsa, en ese sentido, la derogación de disposiciones clave: el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, varios artículos de la ley de financiamiento científico-tecnológico, normas vinculadas a la educación técnica y el inciso central de la ley que creó el Fondef.
Este punto concentra la mayor resistencia opositora y podría definir el desenlace de la sesión. En el oficialismo admiten que la votación será ajustada y que la presencia o ausencia de senadores resultará determinante. Incluso, reconocen que una eventual caída del artículo 30 podría poner en riesgo la sanción completa del Presupuesto, por lo que no descartan negociaciones de último momento.
Universidades, el otro eje de tensión
El artículo 12 también despierta inquietud entre aliados potenciales del Gobierno. La norma condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Según el texto, el Ejecutivo podrá interrumpir la transferencia de fondos si considera que una universidad no cumple con el envío de la información requerida en tiempo y forma. Desde la oposición advierten que la medida afecta la autonomía universitaria y otorga al Poder Ejecutivo una herramienta de presión directa sobre las casas de estudio.
“Entiendo el rechazo al artículo 30, pero el 12 es incluso más grave. Deja el financiamiento universitario sujeto a una decisión administrativa”, señaló a este medio un legislador opositor.
Escenario político y votación
El oficialismo llega al recinto con unos 45 votos asegurados para la aprobación en general, encabezado por el bloque de La Libertad Avanza, con apoyos de sectores del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, persisten dudas sobre el destino de los artículos cuestionados, que enfrentan objeciones incluso entre aliados.
El peronismo, en tanto, se presentará dividido. Mientras los senadores cercanos a gobernadores dialoguistas evalúan acompañar el Presupuesto en general, el sector alineado con Cristina Kirchner mantiene una postura de rechazo a cualquier recorte en educación, ciencia y políticas sociales.
Para el Gobierno, la votación será clave para enviar una señal política y económica de respaldo a su programa. Para la oposición, en cambio, el debate representa una oportunidad para fijar límites. El escenario más adverso para el oficialismo sería que el proyecto deba volver a Diputados con cambios, a solo días del cierre del año legislativo.
